Iván Gustavo Palacios Guarda (19) y Erick Enrique Rodríguez Hinojosa (20), militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fueron ejecutados en un falso enfrentamiento el 18 de abril de 1989, en la comuna de Quinta Normal.

Durante el transcurso de la jornada de hoy, los convencionales aprobaron,por 80 votos a favor, 59 en contra y 11 abstenciones, el artículo 23 que sanciona el negacionismo al interior de la Convención Constitucional, en el caso de la dictadura, cívico-militar, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este, así como el genocidio a los pueblos originarios.

Reinhard Doring se fugó de Chile en 2005 antes de ser procesado por la desaparición del chileno-italiano Juan Maino, además de Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo, en 1976, en Colonia Dignidad.

Pedro Millalén Huenchuñir fue detenido por carabineros y civiles el 29 de septiembre de 1973, en la comuna de Lautaro, desconociéndose hasta ahora su paradero.

“Se prolonga tu vida  en la casa brotada de tus manos, la casa verde de alma roja plantada en lo más alto del cerro Placeres, entre los pobres más pobres de tu pueblo" (“Invocación a Miguel”. Jaime Contreras).

Ministro en visita Mario Carroza, que aplicó perspectiva de género al condenar a los responsables de los delitos de secuestro y aplicación de tormentos con violencia sexual a seis detenidas en el centro de clandestino, entre 1974 y 1975.

El abogado que lleva el caso del médico ruso, Vladimir Roslik, asesinado por la dictadura en Uruguay asegura que durante la década de 1970 y parte de 1980 hubo una persecución contra la colonia San Javier por su condición étnica de origen ruso

Según consigna la demanda, , que fue presentada el pasado 18 de agosto y fue declarada admisible por el el 7º Juzgado Civil de Santiago, el líder de CAM sería uno de los enlistados por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

En el proceso también se estipuló que un grupo de 24 inmuebles de origen particular de propiedad de CEMA fueran donados a entidades de beneficencia, sin fines de lucro y/o municipales y, en algunos casos, al Estado.

Uno de los modelos asumidos por la ilegítima Constitución de 1980 fue la privatización de los servicios básicos como la luz y el agua; también áreas como la educación y la salud siguieron el mismo esquema.