Lo paradojal es que el convenio al que apelan los futuros abogados en el recurso ante la Corte, fue firmado por Pinochet a meses del término de la dictadura. Desde 1990 todos los gobiernos democráticos han hecho vista gorda de un tratado que es ley de la República, y que obliga a entregar educación superior gratis en los planteles estatales.