An Argentine analyst claims that the wildfires in Patagonia serve to facilitate a reform package aimed at altering key environmental laws to hand over territories to foreign capital. "Let everything burn so they can advance with the reform package negotiated with the governors," she states in her post.

Analista argentina denuncia que los incendios en la Patagonia son funcionales a un paquete de reformas que busca modificar leyes ambientales clave para entregar territorios a capitales extranjeros. “Que se prenda fuego todo, así avanzan con el paquete de reformas del Pacto de Mayo negociado con los gobernadores”, señala en su publicación.

Si bien en Latinoamérica las comunidades indígenas resisten ante la presión de las empresas extractivistas, son las mujeres de los pueblos originarios quienes han cumplido el rol de la conservación de su identidad, a través de la educación de su lengua, de sus costumbres ancestrales, que tienen un fuerte arraigo con el respeto a la naturaleza y a todo ser vivo humano y no humano que habita este plano terrenal.

Ubicada en la Provincia de Copiapó, el área costera alrededor de Punta Cachos ha sido escenario, desde 2010, de una disputa entre proyectos industriales y agrupaciones socioambientales. En 2008, se presentó el proyecto 'Termoeléctrica Castillla', y, en 2019, Andes LNG y Copiaport-E. El primero fue rechazado por la Corte Suprema en 2012 y el segundo por el Comité de Ministros en 2022. El tercero ha sido aprobado -el pasado 11 de septiembre- por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, lo que ha generado nuevas movilizaciones.

Las organizaciones alertaron sobre una política estatal que promueve la impunidad, criminaliza la protesta social y debilita la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contextos territoriales e indígenas. Advirtieron que la desaparición forzada de la lideresa mapuche Julia Chuñil "rememora prácticas de tiempos de dictadura".

No es razonable hipotecar el patrimonio natural de todos por un negocio que dura 20 años y deja cicatrices por siglos. No es ético condicionar el acceso al agua o al trabajo a la destrucción de un ecosistema único. Y no es sostenible insistir en un modelo económico que colapsa lo que nos mantiene vivos.

Llevamos casi 500 años replicando el modelo de abuso de los españoles hacia el pueblo mapuche, hacia la sociedad en general, porque han salido al descubierto cientos de casos de corrupción; como ciudadanos debemos saber que estas malas prácticas afectan nuestra democracia, nuestros derechos, la integridad de la administración pública, el desarrollo no sólo económico sino también social, porque se va perdiendo la legitimidad de las personas y las instituciones que, se supone, son los representantes del Estado.

La pregunta la plantea Martín Arboleda, autor de ‘Planetary Mine’ y ‘Gobernar la utopía’. El primer libro da cuenta de la compleja red que conecta las minas chilenas con la economía global y en el segundo plantea ideas y caminos en torno de la planificación y el poder popular. Arboleda comenta que en Chile “hay sectores políticos para quienes hablar de una política industrial es un tema tabú” y en la explotación del litio “se presentan viejas formas de subordinación internacional”.

Esta alianza contrasta con la inacción de los Emiratos Árabes Unidos ante crisis humanitarias urgentes, como la situación en Gaza, evidenciando una priorización de los intereses económicos y la hegemonía de Washington

Se ha puesto en marcha una nueva operación política que intenta darle fuerza e importancia a una Comisión que no tiene en la realidad nada que ofrecer para la resolución del conflicto, porque la confrontación está instalada sobre cimientos estructurales, económicos, que implican la lucha de un pueblo originario oprimido contra un Estado colonial invasor y frente a lo cual ya existe un proceso de lucha y de resistencia por la reconstrucción de la Nación mapuche.