La parte querellante y organizaciones de DDHH acusan que el sesgo clasista y racista en la investigación de la desaparición de Julia Chuñil por parte de la Fiscalía de los Ríos ha impedido encontrar a la dirigenta mapuche e identificar a los responsables, mientras que los familiares denuncian persecución.

Las comunidades Mapuche Williche del territorio del Pilmaiken lamentan la muerte de Ariel Maripán Paillán y anuncian que posponen su participación en la mediación internacional con Statkraft en Ginebra. Alegan “criminalización”, falta de garantías y un trato injusto de la Fiscalía hacia la Machi Millaray Huichalaf.

A nueve años del brutal asesinato de la defensora ambiental Macarena Valdés en Tranguil, peritajes internacionales y forenses desmienten la tesis del suicidio que se instaló inicialmente. Informes revelan estrangulamiento homicida, negligencia institucional grave y un contexto de hostigamiento por su oposición a hidroeléctrica. Sin embargo, a pesar de la contundencia, las evidencias han sido ignoradas por la justicia chilena, persistiendo la impunidad.

La indagatoria ha arrojado hasta el momento la comisión de una serie de delitos que van desde el cohecho al soborno, el enriquecimiento ilícito, la obstrucción a la investigación y el falso testimonio.

Investigación judicial revela vínculos entre abogados querellantes contra Daniel Jadue, que, presuntamente, estarían vinculados a una red de corrupción. Fiscalía amplía indagatoria por lavado de activos tras hallazgos del OS7 sobre Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silber, quienes actuaron con exjueza Ángela Vivanco en perjuicio de Codelco. Paralelamente, se cuestiona el proceso penal contra el exalcalde de Recoleta.

La Ley Katherine Yoma no es una ley de castigo. Es una ley de reparación, de cuidado, de dignidad. Es una ley de homenaje póstumo. Es una respuesta concreta a un sistema que ha sido históricamente indiferente frente al sufrimiento de quienes sostienen la educación pública desde el aula.

Aunque confirmó el rechazo al recurso de amparo, la Corte Suprema instó al Ministerio Público y a las policías a respetar los derechos humanos en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la suspensión condicional propuesta por la fiscalía, por lo que si los directivos cumplen con determinadas condiciones, serán sobreseídos de los cargos por delitos económicos.

El gobernador puso a disposición de la Fiscalía Oriente, de manera voluntaria, la documentación y dispositivos electrónicos requeridos, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.

Parte de la resolución, señala: “Este tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, que a lo menos desde el año 2021 en la Región de Tarapacá operó una organización criminal dedicada a cometer delitos graves (..), alterando la seguridad en el territorio de la región, tales como tráfico de migrantes en su modalidad simple y agravada, trata de personas, secuestros calificados y amenazas, organizados bajo el mando del líder en Chile C.G.V.”,