Recursos correspondían a los gastos reservados de la institución policial, y de acuerdo al Ministerio Público, habrían sido desviados a sus cuentas bancarias y a las de su esposa durante seis años.

A comienzos de abril de 2021, la víctima, Crescencio Gómez Mamani, acordó con uno de los acusados pagarle la suma de $600.000 con el objeto de dar muerte a su cónyuge y, eventualmente, a su hijo. Sin embargo, al juntarse con ellos y luego de pagarles, estos lo apuñalaron y lo mataron.

La Fiscalía aspira a que sea sancionada a 22 años de presidio, 12 años y 183 días por fraude y 10 años por el blanqueamiento del dinero.

La mañana de este miércoles 11 de enero, un grupo de personas se reunió a las afueras de la Fiscalía Local de Talca para exigir verdad y justicia por Luciano Vilo, exproductor del programa de TVN "Mea Culpa", y que fue hallado sin vida a finales del año 2021.

La votación tuvo lugar después de dos extensas sesiones de la Comisión de Constitución que se prolongaron por 7 horas, y en las que el Ejecutivo explicó en detalle las razones de la nominación.

Los acusados fueron condenados por ofrecer dinero a concejales y funcionarios públicos para obtener la licitación por instalación de luminarias led, la cual les fue adjudicada en un primer momento, pero luego se dejó sin efecto.

En la audiencia, los fiscales dieron cuenta de cada uno de los hechos establecidos, siendo el primero en agosto de este año, tras una fiscalización a un bus interprovincial, ocasión en que solicitaron el pago de dinero a cambio de obviar el transporte de inmigrantes ilegales en el vehículo.

Policías se comunicaban vía telefónica y por whatsapp con el dueño de la botillería "Santa Cecilia" y su hija, con la finalidad de alertar respecto de controles policiales o del trabajo de fiscalización que en ese periodo realizaba personal de Ejército y la PDI con motivo del toque de queda dispuesto por la autoridad.

Uniformado pertenecía a la Primera Comisaría de Chañaral y fue descubierto gracias a una alerta emitida por el Centro para Niños Perdidos y Explotados, quien informó a la PDI sobre actividades en Internet vinculadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que ocurrían en la región.

El abogado Rodrigo Román señala que “no existe una sola prueba que pueda fundar dicha pretención. Y aquí no hay más que una concertación en marcha, a través de esta operación política, para encarcelar las ideas de este órgano de la resistencia del pueblo nación mapuche, disidente del Estado de Chile”.