¿Por qué Fiscalía y CDE se niegan a investigar responsabilidades de empresas forestales en mega incendios?

El mismo año que la Fiscalía cerró la causa de Sebastián Piñera por el bullado caso PandoraPapers, se negó a investigar responsabilidades de empresas en los mega incendios forestales concentrados en las Regiones de O”Higgins, Maule y Bio Bio el año 2017.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, presidido por Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado militante de Renovación Nacional (RN), que ha cumplido diversos cargos públicos durante los gobiernos de Sebastián Piñera, ante requerimiento de organizaciones, señaló: “El Consejo de Defensa del Estado no tiene las facultades investigativas que se requieren”.

El descontrol en la quema de podas y raleos forestales vinculados a la industria maderera, la distancia entre plantaciones de monocultivos de pino y eucalipto con tendidos eléctricos y viviendas,  son algunos de los motivos que han generado grave perjuicio que, en los últimos años, entre otras consecuencias, han afectado con incendios a establecimientos educativos y postas rurales e incluso, la afectación de diversos parques nacionales y reservas naturales.

Un recorrido por ambos órganos públicos del estado con respecto a sus posiciones en los últimos años frente a los mega incendios forestales que han azotado Chile.

¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado no defiende el patrimonio público afectado por incendios forestales bajo responsabilidad empresarial? 

El Consejo de Defensa del Estado tiene por objeto, principalmente, la defensa judicial de los intereses del Estado, quien debe asumir la defensa del Fisco en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier naturaleza, entre ellos bienes nacionales de uso público y propiedades fiscales.

El 31 de enero del 2017, ciento diez organizaciones de todo Chile suscribieron una petición formal a través del Movimiento por la recuperación del agua y los territorios al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investigue cuál es la responsabilidad de las empresas forestales y del Estado en los megaincendios.

En la ocasión, la vocera de la organización, Francisca Fernández, manifestó que “los incendios que hoy están afectando a Chile, son producto de un modelo estructural forestal, no son casualidades” y agregó que «queremos saber cómo el modelo forestal en Chile está afectando los territorios y la propia gestión del agua”.

La misiva fue dirigida a Juan Ignacio Piña Rochefort como presidente del Consejo de Defensa del Estado, la que tenía el propósito ingresar antecedentes relacionados a atentados incendiarios en el centro sur de Chile, en el marco de intereses de la industria forestal en la Región del Maule, Bio Bio y la Araucanía para que el CDE asuma una investigación y, de ser necesario, tome acciones legales, esto porque, el Consejo tiene la facultad de velar por el interés público y, particularmente por el cumplimiento de la legislación ambiental mediante la aplicación del régimen de responsabilidad ambiental de la ley N° 19.300 y la consecuente protección y defensa del patrimonio ambiental del país.

Sin embargo, a través de un oficio 00890 en marzo del 2017, indicó el organismo emplazado: “En respuesta a su carta del antecedente, en que solicita que este Servicio asuma la investigación e interposición de acciones legales por los incendios forestales que han afectado al País y a los intereses de las empresas forestales, informo a Ud. que el Consejo de Defensa del Estado no tiene las facultades investigativas que se requieren y, en todo caso, su competencia para intervenir en sede penal está circunscrita estrictamente a delitos que importen perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado y aquellos cometidos por empleados o funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Conforme a ello, este Servicio no tiene competencia, por ahora, para intervenir en este asunto”.

Agrega en otro punto: “No obstante lo anterior, hago presente a Uds. que los antecedentes remitidos han sido entregados a la Unidad de Medio Ambiente de este Servicio para su estudio y análisis, a fin de recopilar más antecedentes y actuar en conformidad a las funciones y facultades legales entregadas”, indica el oficio firmado por Carlos Mackenney en calidad de presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado.

Para las organizaciones denunciantes, el hecho que el Consejo de Defensa del Estado no haya querido investigar estas relaciones (incendios e intereses privados), tiene que ver con que en su interior existe un claro conflicto de intereses “El Presidente del Consejo (Juan Ignacio Piña Rochefort) fue personero de confianza del ex Presidente Sebastián Piñera como subsecretario en el periodo gubernamental y es sabido de la relación del ex mandatario con las empresas forestales, quien fue socio en Antar Chile del holding forestal de Angelini y su estrecha relación con el grupo Matte de Forestal Mininco”.

“Tampoco es posible omitir las redes de corrupción con amplios sectores políticos y los intereses de las empresas. El Consejo de Defensa del Estado simplemente se lavó las manos”, señalaron las organizaciones en un comunicado público, indicando que “es impresentable que dicho organismo, quien debe velar por los intereses comunes, sea cómplice de atentados y de graves daños patrimoniales causados por violentos grupos económicos”.

Olas incendiarias han quemado establecimientos educacionales rurales, postas de salud rural, han quemado miles de hectáreas de bosque nativo en parques nacionales y reservas naturales, con un grave perjuicio y daño pecuniario y patrimonial al fisco y a todo un País, sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado continúa sin asumir su rol en estas materias.

El actual presidente del Consejo es: Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado militante de Renovación Nacional (RN). Durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se desempeñó como director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), entre 2010 y 2012, e intendente de la Región Metropolitana de Santiago, entre 2012 y 2014. Desde abril de 2020 preside el Consejo de Defensa del Estado (CDE), bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Los miembros Consejeros del Consejo son: Paulina Veloso Valenzuela, Carlos Mackenney Urzúa, Rodrigo Quintana Meléndez, María Inés Horvitz, Ana María Hubner, Jaime Varela Aguirre, Daniel Martorell Correa, Raúl Letelier Wartenberg, Sebastián Soto Velasco; el ex ministro e Piñera y ex senador RN, Alberto Espina Otero; y, Mariana Valenzuela Cruz.

 Cuando Fiscalía se negó a investigar responsabilidades empresariales en incendios forestales 2017

Distintas organismos y personalidades, coincidieron en que el origen de los incendios fue antrópico, en zonas de monocultivos industriales de especies exóticas como el pino y eucaliptus, muchos de ellos intencionales.

A fines de enero de 2017 hubo cuarenta y tres detenidos, sin embargo, no se determinaron móviles, salvo, de manera puntual, casos determinados relacionados a responsabilidades de empresas eléctricas con respecto a las cercanías de plantaciones y tendidos eléctricos en O”Higgins.

​ Los distintos focos tuvieron una extensión inédita, lo cual se explicaría por la convergencia de una alta velocidad del viento, altas temperaturas —tras sucesivas olas de calor—, baja humedad y la dificultosa geografía de los sectores afectados, similar al escenario vivido este 2023.

 A fines de enero del 2017, de acuerdo a la información entregada por el Sistema de Información Digital para el Control de Operaciones (SIDCO) de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la superficie total afectada a esa fecha por incendios forestales en Chile era de 587 000 hás. Los principales focos desde fines 2016 a principios 2017 por regiones fueron en: 105 143,97 hás. Región de O”Higgins;  272 449,23 hás. Región del Maule; y, 87 475,87 hás. Región del Bio Bio.

Al 4 de febrero del 2017, la ONEMI informaba que a causa de los incendios habían: 65 albergados, 7.314 damnificados, 1.610 viviendas destruidas y un total de 11 fallecidos. Asimismo, que se mantenía el Estado de Catástrofe en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O’Higgins, y en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía, con cientos de miles de hectáreas devastadas por los incendios.

Solicitudes a Fiscalía para investigar responsabilidades empresariales

Sobre la intencionalidad de mega focos de incendios forestales, este venía siendo tema de preocupación de diversas organizaciones ambientales y mapuche en Chile desde hace años. En septiembre del 2015, representando a diversas organizaciones, una delegación se reunió con la Fiscalía Nacional, ocasión donde se comprometieron a investigar una serie de denuncias que dan cuenta de atentados que vinculan directa o indirectamente a empresas forestales, sin embargo transcurrió el tiempo y finalmente no se hizo absolutamente nada, diligencias que debían concentrarse en determinar responsabilidades ante la ola de incendios desde hace años y que tienen procedencia  intencional, incluso, algunos provocados con paracaídas como se demostró en San José del Maipo en enero del 2017.

Al año 2015, más de 300 páginas se entregaron a Fiscalía sobre diversos hechos que apuntaban a la responsabilidad de empresas forestales en diversas situaciones irregulares. Si bien, los antecedentes iniciales apuntaban sobre acciones que han tenido la intención de criminalizar causas del movimiento Mapuche, intensificar acciones represivas a comunidades, seguros de incendio y conflictos de intereses público – privado, ya desde allí se señalaba al organismo casos de relación de incendios con plagas, en particular, el de la avispa taladradora en pinos, hechos que se venían denunciando desde el año 2012.

“La avispa de la madera del pino Sirex noctilio, de origen europeo, se detectó por primera vez en Chile durante el año 2001 y provoca la muerte de los pinos que ataca, debido a que las hembras colocan sus huevos junto a un potente tóxico”, señalaba una publicación de Veo Verde el 2012.

A fines de enero del 2017,  en medio de protestas en diversos puntos de Chile, organizaciones manifestaban: “El Ministerio Público jamás ha establecido líneas de investigación para determinar actos y responsabilidades relacionados a los intereses de empresas forestales, particularmente de las compañías forestal Mininco y Arauco”.

Sin embargo, el 3 de julio del 2017 algunos medios daban cuenta que: “Investigan relación de incendios forestales con plaga de avispas”.  El Diario El Mostrador publicó en portada el 3 de julio del 2017: “El fiscal Mauricio Richards, quien indaga los devastadores incendios forestales registrados el verano último en el sur del país, está investigando la relación que podrían tener los siniestros con un decreto que un mes antes había dictado el Servicio Agrícola y Ganadero y que declaraba en cuarentena los bosques de pino que terminaron convertidos en ceniza, ya que se encontraban prácticamente inutilizables debido a que estaban afectados por una plaga de avispas taladradoras”.

Luego de este anuncio, Fiscalía nacional emite a los dos días un comunicado, señalando que no mantiene Investigación en el caso denominado Avispa de la Madera, indicando el 5 de julio del 2017: “Ante las versiones de prensa publicadas por algunos medios de comunicación, la Fiscalía Regional del Maule da cuenta que en la actualidad no existe ninguna investigación abierta relacionada con una plaga de avispas taladradoras presente en los bosques maulinos y que tenga aquello alguna relación con los graves forestales que afectaron a la zona durante el verano”.

Agregó el comunicado: “Las investigaciones hoy están orientadas hacia otras materias, lo que no significa que de existir denuncias serias y concretas que estén dirigidas a posibles cobros indebidos de seguros a raíz de la presencia de la avispa, no sean éstas investigadas con la misma rigurosidad y profesionalismo con que se indagan todas las denuncias que llegan a conocimiento del Ministerio Público”.

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