Documento concluye que la ex intendenta Lucía Pinto Ramírez es la principal responsable política del mayor caso de corrupción descubierto en la zona, y precisa que, por decisiones de su exclusiva responsabilidad, la ex autoridad permitió que, en 2019, se defraudara al fisco por casi 10 mil millones de pesos.

Según el Ejército la compra se realizó en base a una cotización a través de la plataforma Keycopter de la empresa Airbus, la que aumentó el precio final debido al pago de fletes, seguros, licencias y su llegada hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. No obstante, Airbus confirmó que al valor de 2018, solo se consideraba un 5% adicional a cada ítem, por lo que los $6.700 millones de más no están justificados.

La denuncia fue interpuesta esta jornada en la Fiscalía de Alta Complejidad contra cinco ex directivos de la corporaciones municipales de Desarrollo Social y Cultural que habrían utilizado recursos para pagar indemnizaciones que en total ascenderían a unos $500 millones.

El fiscal José Morales, solicita una pena de 15 años de cárcel para Fuente-Alba y otros 10 años para su cónyuge, y en ele escrito de acusación están descritas una serie de maniobras financieras que -a juicio del Ministerio Público- dan cuenta de flujos de altas sumas de dinero que no se condecían con la remuneración que el entonces militar recibía, pese a ser la máxima autoridad de la institución castrense. La mayor cantidad de estos movimientos apuntan a el Banco de Chile,perteneciente al Grupo Luksic.

Contraloría detectó pago de pólizas de seguros de vehículos dados de baja, contratación de servicios a través de trato directo y sin licitación pública, y conciliaciones bancarias sin acreditar por alrededor de 60 mil millones, entre otras irregularidades.

Según informa la televisión pública (TVE) citando fuentes de la investigación, Hacienda reclamó al monarca que entregue "todo tipo de información financiera" con respecto a las dos declaraciones efectuadas en diciembre y febrero

Ambos organismos están conformes con los 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de seis delitos de fraude al fisco; y a 600 días de reclusión como autor de dos delitos de cohecho en el marco del «caso Corpesca». Sin embargo, la condena se reducirá al abonarse el tiempo que Orpis ya pasó recluido, con lo que estará algo más de tres años en la cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía, Orpis recibió de parte de Francisco Mujica, en ese entonces gerente general de Corpesca, una serie de aportes por más de $233 millones, a cambio de favorecer los intereses de la empresa en su rol como senador.

La resolución judicial pone en conocimiento del Ministerio Público las diligencias de investigación solicitadas, entre las cuales están la citación a declarar del actual alcalde de Villa Alemana, Jorge Sabat Marcos (IND) y el ex director de Desarrollo Comunitario y candidato a alcalde, Nelson Estay Molina.

Según el CDE, 12 funcionarios y ex funcionarios de la institución habrían realizado acciones para obtener, de forma fraudulenta, pensiones que excedían lo que les correspondía por ley.