El adolescente fue detenido en 1974 y torturado en la Comisaría de Rengo, luego pasó a la Fiscalía Militar de Rancagua, donde permaneció incomunicado y fue agredido por agentes de la DINA. Todas estas violaciones a los DDHH marcaron su vida para siempre.

El trabajador indicó que aproximadamente 2 semanas después a su despido, la empresa puso a alguien más a trabajar en su puesto de trabajo, aunque el centro de salud señaló que el despido era por necesidad de la empresa.

El obrero agrícola fue detenido en octubre de 1973, a principios de la dictadura de Augusto Pinochet, y sometido a interrogatorios bajo tortura y simulacros de fusilamiento en la Prefectura de Carabineros de Colchagua.

El máximo tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que acogió demanda de indemnización y ordenó a la entidad bancaria a resarcir al cliente afectado.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique le ordenó a la minera pagarle al trabajador desvinculado una suma de $72.397.210, por concepto de indemnización.

La Corte Suprema rechazó re confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización de $40.000.000 por concepto de daño moral al hijo de Anselmo Antonio Cancino Aravena, quien fue detenido ilegalmente en diciembre de 1973 en Cauquenes y llevado a la Escuela de Artillería de Linares, desde donde desapareció hasta la fecha.

El tribunal determinó que el estudiante de enseñanza básica "atravesó por un cuadro de trastorno depresivo moderado, lo que se vio acrecentado con el cambio de colegio".

“Me hicieron cosas terribles que ningún ser humano merece vivir, como simulacros de fusilamiento, golpizas con extrema violencia, el callejón oscuro”, relató la víctima de la dictadura.

En 1975, la víctima fue detenida y llevada a la Base Naval de Talcahuano, "donde fue obligada a presenciar simulaciones de fusilamientos, torturas de otros presos políticos y fue objeto de diversos martirios", que incluyeron violaciones, indica la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fisco deberá pagar una indemnización de $40.000.000 a la hija de una víctima de la dictadura, que fue detenido y sometido a torturas por efectivos de la Armada en la isla Quiriquina.