The Santiago Court of Appeals set at $55,000,000 the compensation the state must pay to two men who, as teenagers, were detained by state agents in September 1973 and October 1974, respectively, and tortured in a police unit, army regiments, the National Stadium, and clandestine detention centers.

La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $55.000.000 el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar a dos adolescentes que fueron detenidos por agentes del Estado en septiembre de 1973 y octubre de 1974, respectivamente, y sometidos a torturas en unidad policial, regimientos, Estadio Nacional y centros clandestinos.

El joven de 16 años resultó impactado por balines de plomo disparados por una patrulla militar, mientras se disponía a cerrar la puerta del antejardín de su casa.

El Banco Ripley deberá pagar una indemnización a la clienta de $7 millones. De acuerdo con la Corte de Apelaciones la empresa incumplió una sentencia previa en la que se le ordenó abstenerse "de efectuar llamados telefónicos de cobros extrajudiciales, mandar mensajes de texto o enviar cartas de la presunta deuda a la demandante".

Diversas críticas ha generado la propuesta del candidato republicano de eliminar la indemnización por años de servicio. Desde la CUT denuncian que la iniciativa beneficia solo a los empresarios y va en desmedro de los trabajadores.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco de Chile pagar $15.000.000 por concepto de indemnización de daño moral a la víctima de las agresiones y torturas perpetradas por efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Limache, que se encontraban al servicio de la dictadura.

En el "Cuartel Terranova-Villa Grimaldi", la víctima recibió brutales torturas que fueron supervisadas personalmente por el criminal de lesa humanidad Miguel Krassnoff Marchenko.

Actualmente, la legislación establece que al momento de despedir a un trabajador, el empleador debe pagar un mes de sueldo por cada año trabajado, con un límite máximo de once años. Al respecto, la iniciativa, impulsada por parlamentarios oficialistas, propone eliminar dicho tope, de modo que el cálculo considere la totalidad de los años de servicio prestados.

El Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado pagar 25 millones de pesos por daño moral a una exdirigenta estudiantil y poblacional, detenida y torturada por la CNI en 1988 cuando estaba embarazada de casi 4 meses.

En conversación con El Ciudadano, la extrabajadora de la Municipalidad de San Ramón, Jocelyn Retamales, exigió al alcalde Gustavo Toro (DC) que cumpla finalmente con una sentencia judicial. La jefa de hogar y madre de tres hijos, cuenta con una condición de salud (Enfermedad de Berger) que afecta sus riñones, lo que le impide buscar un nuevo empleo.