Google has agreed to pay $68 million to settle allegations of illegally recording users through its voice assistant, emphasizing the growing legal scrutiny over big tech's surveillance practices.

Un acuerdo histórico cierra una demanda colectiva contra Google que expuso el fenómeno de las «falsas activaciones» y la divulgación de conversaciones privadas a terceros, marcando un nuevo capítulo en la creciente batalla legal por la privacidad digital

The court's decision is based on the detailed account provided by the victim to the Valech Commission along with judicial evidence, describing two episodes of kidnapping and torture that occurred in March 1988, when the young man lived with his family in the Pedro Aguirre Cerda municipality.

El fallo se fundamenta en el relato que el propio denunciante presentó ante la Comisión Valech y en los antecedentes judiciales. La resolución escribe dos episodios de secuestro y tormento ocurridos en marzo de 1988, cuando el joven vivía con su familia en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

"My torturers and assailants were from the Naval Intelligence Service (SIN)," denounced the teacher, who according to her account was subjected to all kinds of abuses and humiliations—including physical and sexual assaults, beatings, and electric torture.

"Mis torturadores y agresores eran del Servicio de Inteligencia de la Armada (SIN)", denunció la profesora, quien según su relato fue sometida a vejaciones y humillaciones de todo tipo —incluyendo agresiones y amenazas sexuales—, golpes de pies, puños y de culatas de las armas, así como la aplicación de torturas con electricidad.

In November, the Court of Appeals in Temuco accepted a protective measure for two minors, establishing a serious violation of their rights and ordering the sanitary company to clean and decontaminate their home within a month. The deadline expired, and the family, poisoned and displaced, continues to await justice while denouncing state and corporate abandonment.

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió en noviembre un recurso de protección a favor de dos menores, estableciendo una vulneración grave de sus derechos y ordenando a la empresa sanitaria limpiar y descontaminar su vivienda en el plazo de un mes. El plazo venció y la familia, intoxicada y desplazada, sigue a la espera de justicia mientras denuncia el abandono estatal y corporativo.

At the time of the incidents, the victim was a 25-year-old pedagogy student at the Universidad Austral de Chile and a mother of two children aged 2 and 3.

Al momento de los hechos, la víctima cursaba estudios de pedagogía en historia, geografía y educación cívica en la Universidad Austral de Chile, tenía 25 años y era madre de dos hijos de 2 y 3 años de edad.