The Twenty-Fifth Civil Court of Santiago grounded its decision in "the age of the claimant and her family context, the temporal extent of her father's detention, and the unlawful duress and torture he suffered, as well as the sequelae resulting from them, particularly concerning the mental health of the claimant and the implications for her family life."

El Vigesimoquinto Juzgado Civil de Santiago fundamentó su decisión en "la edad de la demandante y su entorno familiar, la extensión temporal de la detención de su padre y los apremios ilegítimos y torturas de que fue víctima, así como las secuelas provocadas a raíz de ellos, en particular, en lo referente a la salud mental de la actora y las repercusiones en su ámbito familiar".

According to the ruling, the victim was 23 years old, a student, and a community leader in Las Condes, affiliated with the Christian Left. He was detained and tortured by Carabineros in 1985 and 1988 during Augusto Pinochet's dictatorship, subjected to kicks, punches, and buttstock blows.

Según el fallo, la víctima tenía 23 años, era un estudiante y dirigente comunal de Las Condes y militante de la Izquierda Cristiana. Fue detenido y torturado por Carabineros en 1985 y 1988 en plena dictadura de Augusto Pinochet, recibiendo golpes de pies, puños y culatazos.

Methods of torture inflicted by state agents during the dictatorship on the 15 victims included electric shocks; mock executions and death threats with firearms; systematic beatings; deprivation of food and water; forced consumption of urine; and mandatory barefoot running on sharp stones, cactus, overcrowded jail conditions, and other threats.

Entre los métodos de tortura aplicados por los agentes del Estado al servicio de la dictadura en contra de las 15 víctimas figuran: aplicación de corriente eléctrica; simulacros de fusilamiento y amenazas de muerte con armas de fuego; golpizas sistemáticas; privación de alimento y agua, obligación de beber orina; obligación de correr o trotar descalzo sobre piedras punzantes, rocas o cactus, condiciones de hacinamiento en calabozos y amenazas con vehículos, entre otros.

The Appeals Court determined that Unimarc, by offering an escalator to its customers, assumed a "heightened duty of care," necessitating that it "adopt all necessary measures to prevent accidents or lessen their consequences."

La Corte de Apelaciones determinó que Unimarc, al poner a disposición de sus clientes una escalera mecánica, asumió un "deber de seguridad reforzado", por lo que debió "adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes o aminorar sus consecuencias".

Tribunal condenó al fisco a pagar una indemnización por la suma de $80.000.000 por concepto de daño moral a la víctima, quien a sus 19 años fue baleado en la vía pública el 13 de septiembre de 1973 por una patrulla militar, trasladado y torturado en el Regimiento Tacna y, finalmente, ingresado al Estadio Nacional.

Officially recognized as a victim of political imprisonment and torture by the Valech I Commission, the plaintiff will receive 50,000,000 Chilean pesos in moral damages under an order from Santiago’s Sixteenth Civil Court.