Los diputados privilegian las actividades mercantiles de las FFAA, -dejándose en claro que, para proteger nuestra soberanía, el Estado debe entregar el financiamiento necesario, tanto a las instituciones militares como de seguridad-, y que, además, no desean asumir sus roles para que el territorio rural del país cuente con una regulación apropiada que garantice el bien público.
