Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la violencia en la Provincia de Arauco y lamentó la muerte del joven mapuche Jordan Liempi Machacán.

Al cierre de esta nota, se confirmó una segunda víctima fatal del operativo militar en Cañete, impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

"La militarización impuesta por este gobierno fascista responde al avance sustantivo del proceso de recuperación político y territoriales emanadas por nuestras expresiones de lucha..."

“Es del todo imprudente la utilización del Ejército para la solución de problemas políticos. Se da como excusa el narcotráfico, pero sabemos que los verdaderos afectados serán las personas que viven en las comunidades mapuche", afirmó el senador Alejandro Navarro.

Desde la organización afirmaron que el Gobierno envió militares al Wallmapu "para atacar al movimiento autonomista Mapuche, en defensa de los intereses del gran capital, forestales y colonos".

Gobierno buscaba con esta medida que las FF.AA. siguieran realizando labores de prevención y control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, pese al término del Estado de Catástrofe Constitucional, que acaba este viernes 1 de octubre.

En el territorio Lafkenche de Calof, en La Araucanía, 14 comunidades mapuche -más de 1500 familias- perdieron sus suelos, alimentos, fuentes de agua, huertos y cultivos familiares y comunitarios, bosque nativo, pastizales, fauna, polinizadores, apicultura y plantas medicinales, por la aplicación de pesticidas vía aérea. No hubo sumario sanitario ni recibieron compensaciones económicas; menos aún se hizo una investigación sobre los componentes de residuos químicos en la zona.

"La privación de libertad no puede significar una amenaza o directa afectación de otras garantías constitucionales, como el derecho a la vida y a la salud, las que siempre deben estar aseguradas", señalaron desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Instancia parlamentaria analizó antecedentes relacionados sobre el pago adelantado de obras; término anticipado de contratos; cumplimiento u observación de requisitos legales en procedimientos de licitación de obras públicas; celebración de tratos directos y cualquier otra decisión administrativa, entre los años 2008 y 2019.

"Desde que tomamos conocimiento de estas amenazas, nuestro lof decidió oponerse rotundamente a todo megaproyecto que pretenda desarrollarse a costa de nuestro territorio", afirmaron desde la comunidad Juan Blas Aburto Lof Niguen de Loncoche.