Resulta impresentable que un gobierno “ecologista”, contradiga lo señalado por la propia institucionalidad ambiental y apruebe una iniciativa que pone en riesgo la vida de cerca de la mitad de los habitantes del país (que habitan en las regiones de Santiago y Valparaíso).

El proyecto Los Bronces Integrados ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de la naturaleza debido a sus potenciales efectos en la calidad del aire, en la flora, la fauna, y en los glaciares que abastecen de agua a la capital.

Parlamentario Socialista y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados señaló que: "espero que el Comité de Ministros mantenga la recomendación de rechazar la ampliación de las faenas".

De acuerdo al lapidario informe del SEIA, emitido en agosto de 2021, el proyecto, entre otras cosas, hacía peligrar el abastecimiento de agua en Santiago y parte de él atravesaba subterráneamente el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca.

La solicitud de las comunidades y organizaciones ambientales se da luego de que la minera presentara ante el SEA un recurso para revertir la resolución, del 2 de mayo, de la Dirección Ejecutiva de dicho órgano. En dicha resolución se rechazó el Estudio de Impacto Ambiental de la operación minera.

Servicio de Evaluación Ambiental estableció que la iniciativa empresarial pone en serio riesgo a las cuencas altas del Maipo y el Mapocho, haciendo peligrar con ello el abastecimiento hídrico para Santiago.

Tras la denuncia ante la junta de accionistas de Anglo American, distintas organizaciones ponen énfasis en constante daño que la faena de Los bronces ha causado a los glaciares de la región Metropolitana, poniendo en riesgo las reservas de aguas de Santiago

Las organizaciones plantean que si Chile quiere implementar una minería de alto estándar y disminuir sus impactos ambientales, la investigación y el desarrollo científico deben ser objetivos e independientes de las grandes corporaciones

Representantes sindicales de ambas compañías -una transnacional y otra estatal- exigen que los ejecutivos transparenten su proceso de reestructuración y argumenten con hechos el por qué de las desvinculaciones.

El Ciudadano accedió a un documento elaborado por la Dirección del Trabajo que ratifica la existencia de una "instrucción por parte de Anglo American, reconocida por parte del Gerente General de la compañía", para que las empresas contratistas obtuvieran declaraciones juradas falsas de sus empleados, alegando que habían sido "secuestrados en contra de su voluntad" durante el paro de noviembre de 2016 ocurrido en Los Bronces.