"Resulta evidente que ministros que han reconocido haberle pedido favores a Manuel Guerra para beneficiar su postulación a cargos judiciales, no están en una posición objetiva de imparcialidad para resolver la querella de capítulos en contra de ese ex fiscal en la que se le imputan actos de corrupción", planteó el abogado querellante Mauricio Daza.

Judges Tomás Gray and José Pablo Rodríguez, who are part of the same chamber reviewing the lawsuit against former prosecutor Guerra, admitted to personally seeking his support for their judicial nominations, raising concerns of a potential conflict of interest. Guerra's defense has successfully recused a judge from the case, resulting in a key hearing being postponed.

Los ministros Tomás Gray y José Pablo Rodríguez, de la misma sala que revisa querella contra el expersecutor, admitieron gestiones personales ante él para su inclusión en ternas judiciales lo que plantea un posible conflicto de interés La defensa de Guerra recusó a una abogada integrante de la sala, suspendiendo la audiencia clave.

Bank records obtained by CIPER reveal six transfers totaling $19.5 million sent to Manuel Guerra from the network of lawyers Eduardo Lagos and Mario Vargas, who are currently in preventive detention due to their involvement in the Belarusian scandal.

Registros bancarios obtenidos por CIPER revelan seis transferencias por un total de $19,5 millones que llegaron a Manuel Guerra entre el 24 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2024, desde la red de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes se encuentran en prisión preventiva por su vinculación el la trama bielorrusa.

The Prosecutor's Office has charged former prosecutor Manuel Guerra with prevarication, breach of confidentiality, and bribery, stemming from the "Audio Case," where conversations with his attorney revealed attempts to manipulate high-profile cases like Penta, according to Ciper.

La Fiscalía presentó una querella contra el exfiscal Manuel Guerra por prevaricación, violación de secreto y cohecho, causa que surge del "caso Audios", donde diálogos con su abogado revelarían intentos de manipular causas emblemáticas como Penta, según Ciper.

Las declaraciones de uno de los controladores de Penta ante la Fiscalía abrieron un nuevo flanco en la investigación por posibles delitos de soborno, prevaricación y revelación de secretos que involucra al ex ministro del Interior, al penalista Hermosilla y al exfiscal Manuel Guerra, quien estuvo a cargo del caso Penta.

El exfiscal regional Manuel Guerra, afirmó que fue el exrector de la universidad, Luis Cordero, quien facilitó su contratación en la institución. Una tesis que se contradice con los antecedentes que maneja hasta ese momento la Fiscalía.

En medio de las protestas del estallido, en enero de 2020 se llevó a cabo una reunión secreta en la residencia de Chadwick, en la que Guerra buscaba "informar" a Piñera acerca "de grupos que están operando en Santiago y poder prevenir lo que se viene para marzo".