El empresario y expresidente del Partido Republicano en La Araucanía, Alejandro Martini, firmó un contrato de arriendo con MegaRadio para hacerse con la radio FM Tiempo. Desde el próximo 23 de octubre, la emisora difundirá contenido político durante casi diez horas diarias.

Usuarios de redes sociales se percataron de que las imágenes que empleó canal de televisión para ilustrar un supuesto hecho vandálico en un local comercial no corresponde a la actualidad.

Fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago señala que la estación televisiva pasó por alto "el respeto irrestricto a los derechos de niños, niñas y adolescentes", los cuales se vulneran con la exhibición, en horario protegido y por varios minutos, de primeros planos del cuerpo de una persona muerta trágicamente, cubierta con un plástico, "sin que de esas imágenes se derive alguna relevancia informativa".

Más encima, el senador de Derecha se molestó con una pregunta que le hicieron relacionada con el Caso Penta, y recordó -al aire- tener un "acuerdo" con la producción del canal para no hablar sobre su "situación" procesal.

Los animadores del matinal “Mucho gusto” de Mega, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme se tomaron con humor el suceso y decidieron recrear a su estilo el controvertido baile twerk presentado en el centro asistencial del sur del país.

El hecho generó polémica en las redes sociales, donde más tarde, la misma Macarena Bravo aprovechó para defenderse

"Es doloroso porque jamás tuve la intención de generarle dolor a nadie”, dijo la periodista en una entrevista en la revista Sábado

“¿Cuántas veces el lector, nosotros, amigos o familiares, nos hemos referido a nuestros carabineros coloquialmente, hasta con cariño, con la palabra ‘paco’ tan anclada en nuestra cultura popular nacional?”, señalan en una carta.

El Presidente, de forma inexplicable, dice defender por sobre todo el respeto a los derechos humanos, pero no atendió las advertencias de la ONU y otras organizaciones sobre las nefastas consecuencias sobre los derechos humanos que traería la promulgación de la ley Nain Retamal. Una renuncia ética grave, tanto más sino fuera solo política.

El derecho a la libertad de expresión es fundamental en las sociedades democráticas, y las instituciones estatales tienen la obligación de garantizarlo.