De acuerdo a la investigación de la ministra Romy Rutherford, el uniformado habría traspasado bienes provenientes de dineros ilícitos a sus hijas, lo cual constituye un delito de lavado de activos.

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford había rechazado otorgar la medida de libertad bajo fianza, no obstante, la defensa apeló y tuvo que acogerse y aprobar la solicitud.

Óscar Izurieta Ferrer se encuentra procesado y cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras que su hija María Constanza Izurieta y su yerno, Andrés Iturra, ambos fiscales de la Fiscalía Oriente, está siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos.

La revuelta social iniciada en Chile en octubre de 2019 también fue una revuelta antimilitarista, insumisa y objetora de conciencia. La institución del servicio militar en la práctica desapareció desde noviembre de 2019 hasta inicios de 2021.

Abott señaló que ante “la gravedad y complejidad de los hechos y a la circunstancia de que se trata de fiscales del Ministerio Público, la investigación penal debe estar a cargo de un Fiscal Regional”.

La situación legal del retirado general en el denominado Milicogate, donde es investigado por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, podría complicarse tras revelarse que tanto la hija como su yerno, son fiscales del Ministerio Público.

El ex uniformado, sometido a proceso por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar, afirmó haber desviado fondos públicos para los "cuidados" del dictador, actividades con la prensa, regalos de matrimonios para militares, gastos reservados de la familia Pinochet y mucho más.

Las sospechas que hay en torno al rol del retirado militar se sustentan en las declaraciones de dos testigos clave que manejaban las remesas de gastos reservados de la Comandancia en Jefe, que lideró Izurieta entre los años 2006 y 2010. Se trata del coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés.

Funcionarios del Ejército fueron procesados por quemar documentos que comprometía a las fuerzas armadas en casos de violación a los DDHH, tras la dictadura cívico-militar liderada por el general Augusto Pinochet. Este caso se suma a una serie de irregularidades cometidas por esa rama castrense durante los últimos años.