Punta Peuco no es una cárcel cualquiera. Es ese extraño artefacto penitenciario donde la vejez parece más digna, las camas más cómodas y el concepto de castigo bastante más amable que en el resto del sistema carcelario chileno. Allí cumplen condena muchos de los hombres que dirigieron o ejecutaron la maquinaria represiva de la dictadura de Augusto Pinochet: agentes de la DINA, de la CNI, militares condenados por secuestros, torturas, desapariciones forzadas.

The Senate's approval of a bill allowing alternative sentence compliance has unleashed a strong reaction from progressive legislators, who warn that the initiative could benefit those convicted of crimes against humanity, raising concerns about risks of impunity, as well as questioning its costs, among other issues.

La aprobación en el Senado del proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas desató una fuerte reacción de parlamentarios de sectores del llamado progresismo, quienes advierten que la iniciativa beneficiaría a condenados por crímenes de lesa humanidad, denunciando riesgos de impunidad, como también, cuestionamiento a sus costos, entre otros.

A 24 Horas TVN investigation reveals that Francisco Chahuán's sentence commutation bill is identical in 21 of 23 pages to a document by Carla Fernández, attorney for human rights inmates. Metadata confirms the same author. The senator denies the allegations, but technical evidence and witnesses refute his claims.

Investigación de 24 Horas TVN revela que proyecto de conmutación de penas de Francisco Chahuán es idéntico en 21 de 23 páginas a documento de Carla Fernández, abogada de reos de DD.HH. Metadata confirma mismo autor. Senador lo niega, pero prueba técnica y testigos lo desmienten.

The general approval of the bill allowing the suspension or substitution of prison sentences has strained one of the most fragile consensuses in Chilean democracy. While the state seeks to advance in truth and memory, the right-wing is pushing an initiative that could benefit those convicted of crimes committed during the dictatorship.

La aprobación en general del proyecto que permite suspender o sustituir penas de cárcel volvió a tensionar uno de los consensos más frágiles de la democracia chilena. Mientras el Estado busca avanzar en verdad y memoria, la derecha empuja una iniciativa que podría beneficiar a condenados por crímenes de la dictadura.

The right-wing is once again pushing a bill that could open the door to sentence commutation and alternative fulfillments, an initiative that could practically benefit those convicted of human rights violations. In Chile, memory is not just a thing of the past: it is a current battleground.

La derecha vuelve a empujar un proyecto que abre la puerta a conmutar penas y “cumplimientos alternativos”, una iniciativa que en la práctica podría terminar beneficiando a condenados por violaciones a los derechos humanos. En Chile, la memoria no es pasado: es una batalla del presente.

While millions struggle to make ends meet, Capredena continues to pay substantial pensions to four individuals convicted of human rights violations at ex Punta Peuco: together they exceeded $121 million in a year, with Miguel Krassnoff receiving up to $3.7 million monthly.