La acción judicial apunta a perseguir la responsabilidad de integrantes del Alto Mando, activos o en retiro, quienes a juicio del Instituto no llevaron a cabo medidas eficaces para poner freno a lo que estaba ocurriendo en esta materia.

Instancia parlamentaria fiscalizará los actos del Gobierno, especialmente los del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y analizará las acciones de Carabineros y del directorio de la empresa Metro S.A.

Víctima resultó como contusiones faciales, fractura y aflojamiento de piezas dentales; múltiples hematomas y equimosis en cabeza, cara, cuello, abdomen y extremidades; además de un cuadro de estrés postraumático, según informe del Servicio Médico Legal.

Víctima recibió un balín en el ojo izquierdo, lo que le causó un trauma ocular con secuelas oftalmológicas de disminución de la agudeza y alteración del campo visual, además de estrés postraumático.

El joven de 24 años forma parte de los presos del Estallido Social, y permanecía en prisión preventiva desde enero de 2020. El pasado 30 de marzo fue declarado culpable por la Justicia chilena.

Coronel disparó su escopeta de manera antirreglamentaria, a menos de dos metros de distancia de la víctima y sin que existiese causa que lo justificara. Por ello, deberá cumplir una pena de 300 días de presidio y la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Magistrada Gabriela Contreras Piderit ordenó el ingreso de los imputados a la Subcomisaría Pudahuel Norte, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.

El secretario de Estado descartó que se esté favoreciendo a detenidos que hayan cometidos delitos contra personas y planteó que“muchas veces se caricaturiza y se dice mira acá lo que se está planteando en la ley de indulto es que quieren dejar en libertar a las personas que casi matan a alguien y no, no hay ningún delito que haya sido en contra de las personas, al menos en lo que hoy día se está discutiendo para que se trámite en la sala del Senado".

El objetivo es reparar integralmente a las víctimas y a sus familias, en todos los ámbitos de sus vidas afectados por las consecuencias del actuar estatal represivo perpetrado desde octubre de 2019, en contexto de la revuelta popular.

Según el abogado Samuel Donoso, el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ha manifestado públicamente una “convicción previa de juzgamiento y condena de Carabineros que hayan intervenido en el control del orden público a partir del 18 de octubre de 2019”