"El tema del agua es, fundamentalmente, un asunto de poder popular, un tema del pueblo, porque la recuperación del agua es un derecho legítimo de los pueblos", señala Mundaca en conversación con El Ciudadano desde Brasil. Por Felipe Menares Velásquez

El hostigamiento y las amenazas propinadas a este dirigente fueron denunciadas por Amnistía Internacional en su informe anual. Allí, el activista de Petorca aparece mencionado en el capítulo chileno como una de las personas que deben ser protegidas por el Gobierno por su labor en la defensa de los Derechos Humanos.

"Lo que hacen estas indicaciones es dar garantías de que la propiedad privada del agua se mantiene inalterable", sostiene el vocero de la organización medioambiental, Rodrigo Mundaca, frente a reposición del carácter indefinido de los derechos de agua.

Miembros de MODATIMA han sido amedrentados por denunciar en Chile y el exterior el robo del recurso natural en Petorca. Ante ese escenario, Amnistía exige a las autoridades protección para los dirigentes y que se lleve ante la Justicia a los responsables de las agresiones.

Los dirigentes de MODATIMA aseguraron que no se dejarán intimidar y que no bajarán los brazos en su lucha por la usurpación del recurso natural en la Región de Valparaíso.

Entre otros cuestionamientos, el dirigente sostiene que la normativa se focaliza en el 10% del agua que falta por entregar y no en el 90% ya entregada, y que no se hace cargo de la propiedad de las sanitarias ni del robo de agua. Junto con ello, advierte: "¿Cuál va a ser la voluntad política de los parlamentarios involucrados en el modelo de lucro y usura con el agua y que han sido financiados por empresas sanitarias que ellos ayudaron a privatizar?"

Desde hace algunos años que se encuentra en el debate público el malestar social que atraviesa la sociedad chilena, derivado de las injusticias del sistema económico que transformó derechos sociales elementales en objeto de lucro, usura y exclusión, postergando la posibilidad de una vida digna para gran parte de la población, así como de un […]

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El servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas admitió que las multas de 20 UTM a quienes infringen la ley son "irrisorias", y que recién en marzo el órgano amplió su dotación de fiscalizadores a 46 en el territorio nacional, cifra que continúa siendo "insuficiente", según palabras del jefe de la Unidad de Fiscalización, Marco Soto.

A través de un comunicado, el grupo defensor del agua creado en Petorca señaló que "esta empresa nació luego de la privatización de EMOS en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, la que terminó de ser privatizada en el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, nos parece absolutamente preocupante que utilice sus inversiones para financiar a los mismos sectores políticos que permitieron su enajenación en las últimas dos décadas".