Vía Resumen / Ya han pasado 7 semanas desde los desalojos y destrucción de casas en San Fabián debido a la futura construcción del proyecto Embalse Punilla en el río Ñuble, y la empresa Astaldi aún no restituye las casas y entrega los animales que fueron extraídos de estas

Ocho familias de San Fabián presentaron ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un recurso de invalidación contra la resolución de calificación ambiental que visó las líneas de alta tensión del proyecto del Embalse La Punilla

Afectados denunciaron que no saben nada sobre la situación de sus animales, acusando que muchos de ellos fueron literalmente “secuestrados” por la empresa Astaldi, que los mantendría en un terreno de su propiedad sin las medidas mínimas para su cuidado. En tanto, un grupo de vecinos que se encontraban muy afectados anímicamente afirmaron que la empresa destruyó un gallinero con aves dentro, provocando una gran mortandad.

Nueve familias de tres lotes de terreno comenzaron a ser desalojadas este miércoles, desde el sector Los Sauces, en la comuna de San Fabián, donde se construirá la central hidroeléctrica del proyecto La Punilla

Iniciativa pretende inundar 1.700 hectáreas de tierras junto al río, en medio del Corredor Biológico Nevados de Chillán-Laguna del Laja, calificado como Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO. Además, hay preocupación por la dificultad de adaptación que están presentando las familias que ya fueron erradicadas hacia terrenos lejanos a la precordillera.

Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío

No obstante, el Tribunal reconoció la legitimación activa del reclamante, la Municipalidad de San Fabián de Alico, alegando que “sí es directamente afectada, constatación que la habilita para reclamar ante este Tribunal una vez que agote la vía administrativa previa”.

A pocos días de conocerse el fallo relativo al recurso interpuesto por el Municipio de San Fabián contra la Resolución de Calificación Ambiental aprobada al embalse Punilla, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia solicitó informes a seis organismos públicos que deberán responder en un plazo de cinco días hábiles.