El diseño del denominado "Parque Lautaro" incluyó espacios que no son de uso público, todo en virtud de un certificado emitido por la municipalidad - bajo la administración de la alcaldesa UDI Sandra Valenzuela - con datos inexactos sobre la propiedad del terreno. A través de la Ley de Transparencia, el Ministerio de Vivienda acusa al director de obras municipal. Consultado al respecto, el funcionario alude a un "engaño" de Ferrocarriles del Estado.

Pasadas las 7:30 de esta mañana, cuatro representantes de un grupo de deudores habitacionales de Peñalolén se colgaron desde un puente en la intersección de las avenidas Américo Vespucio con Grecia, con el objeto de protestar contra el Serviu y un cobro adicional de 200 UF que se les estaría realizando

28 mujeres del campamento 21 de Mayo de Palomares serán las pioneras del Plan Piloto de Capacitación de Mujeres Líderes de Campamentos, iniciativa del Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, cuyas directoras sostuvieron este martes un encuentro con representantes del comité.

Fraude al fisco y cohecho

La prensa ha publicado diversas crónicas sobre la venta de un terreno de 7,2 hectáreas de propiedad del padre del diputado Boric al Serviu en la ciudad de Punta Arenas para que se construyan allí viviendas sociales

En Chile, la vivienda digna no es un derecho

“Aprendizaje de un proceso comunitario abierto” No podemos decir que nos sorprende la forma en que se ha resuelto el conflicto sobre el destino del ex-espacio Gasco en Villa Olímpica

Durante la mañana del miércoles 22 de Octubre en la comuna de Ñuñoa se efectuó el desalojo del centro comunitario de la Villa Olímpica. Dicha acción se generó a partir de un mandato municipal y contó con el apoyo de un fuerte contingente de FF.EE de Carabineros de Chile. La comunidad gestora del centro comunitario alega irregularidades legales frente a lo ocurrido, y así también el robo de artículos y documentación, por lo cual se mantendrán movilizados.

A dos años del terremoto se les informó que la iniciativa trabajada con una Entidad de Gestión Inmobiliaria (Egis) recomendada por el organismo gubernamental no contaba con todos los requisitos, dejando las viviendas con peligro de colapso ante cualquier movimiento telúrico