Lo que origina la desvinculación de De Aguirre del canal privado se debe a lo revelado por la investigación en donde él como dueño de la empresa La Música, en el 2009 emitió facturas a cuatro empresas, una de ellas la vapuleada Soquimich.

La Superintendencia de Pensiones dijo que el responsable de establecer si el beneficio corresponde es el director subrogante del servicio tributario, Juan Alberto Rojas, funcionario que en octubre de 2012 fue cuestionado por condonar una millonaria deuda a Johnson.

"La ciudadanía debe comprender que no tiene un parlamento. Está bajo el control de los grandes empresarios que hacen leyes a su medida, y que son altamente expropiatorias de los recursos de la sociedad chilena", dice el director de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas.

Quien metió a la sanitaria en el listado de sospechosos pagadores de la política fue el director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre. Éste quien reconoció haber emitido facturas por un total de 30 millones de pesos entre enero y marzo de 2010 a través de su empresa La Música SpA, a solicitud del holding de Piñera.

Pese al discurso en favor de la transparencia de las relaciones público-privadas de la Comisión Engel, la Presidenta ha decidido poner a un ex empleado del consultor Enrique Correa – y ex asesor de SQM – en el comité político, allanándo camino a la “concertacionización” de la Nueva Mayoría

Según The Clinic, entre 2012 y 2013 existieron más clientes que generaron ingresos a la firma de Giorgio Martelli cuando el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, asesores de la cartera y funcionarios del Ministerio de Hacienda, le vendieron informes.

Las maniobras no sólo tratarían de afectar al equipo especial que indaga las boletas y facturas asociadas a campañas políticas, sino que lo mismo ocurriría con las pesquisas a las cuentas de chilenos en el banco HSBC, institución que está en la mira de varios países por lavar dinero de bandas criminales.

Las denuncias del Servicio de Impuestos Internos y de la Superintendencia de Valores y Seguros de los manejos de Soquimich, la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, constituyen un nuevo esclarecedor capítulo de las profundas relaciones construidas entre poderosos intereses económicos y la política, sin duda con el propósito de defender y ampliar su presencia en las estructuras de poder.  Penta capturó en  los hechos a un partido político, la UDI.

Durante los últimos meses, la discusión sobre el financiamiento de empresas a campañas políticas ha centrado su foco en si las boletas emitidas son ideológicamente falsas y sobre la existencia de eventuales delitos penales y tributarios, sin embargo, desde el Oficialismo, para el presidente del MAS y vicepresidente del Senado “es momento de pasar a los temas de fondo y hablar del por qué empresarios como Ponce Lerou entregan prebendas a todo el espectro político”. 

El ex senador aparece como representante legal de la empresa Inversiones y Mandatos, a través de la cual Penta canalizaba aportes a campañas políticas del gremialismo.