Miners, factory workers, and transporters are demanding the repeal of Supreme Decree 5503 enacted by Rodrigo Paz, highlighting its severe direct impact on production costs and the economy of Bolivian families.

Mineros, fabriles y transportistas exigen la abrogación del Decreto 5503 aplicado por Rodrigo Paz, denunciando su grave impacto directo en los costos de producción y en la economía de las familias bolivianas.

El Gobierno estaría estudiando aplicar el subsidio entre 2024 y 2026, por medio del artículo 151 de la Ley de Servicios Eléctricos, que establece que si las tarifas eléctricas registran un alza real acumulada igual o superior al 5% durante un período igual o inferior a 6 meses, el Presidente de la República, mediante decreto supremo, puede establecer un subsidio transitorio.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el beneficio irá dirigido a la clase media y será compatible con otros subsidios estatales y créditos hipotecarios.

“Yo creo que todas estas medidas; subsidios específicos, de rebajas o eliminación de impuestos a ciertos alimentos, ya están superados por el Bolsillo Familiar Electrónico”, dijo

El secretario de Estado señaló que la recomendación era aumentar $20 la tarifa en todos los horarios y servicios del transporte regulado en la Región Metropolitana, sin embargo, una parte será subsidiada

El subsidio Protege es para toda persona trabajadora (madre, padre o tutor/a legal) -dependiente o independiente- que esté al cuidado de un niño o niña de entre 0 y 2 años, o de entre 2 y 5 años, que no tenga garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador

"El proyecto de aumento de sueldo contempla un apoyo para las Pymes para que se les ayude a hacer esta transición”, destacó el ministro de Economía, Nicolás Grau

En el programa se incluye una asignación mensual para gastos de manutención para personas de entre nueve y 24 años que están experimentando un aislamiento social extremo

Información se enmarca en una investigación realizada por el citado medio, sobre la política pública denominada 'Seguro Forestal', financiada con presupuesto del Ministerio de Agricultura y que ha desembolsado más de $1.100 millones en subsidiar el pago de seguros para predios forestales pequeños y medianos contratados por privados.