En concreto, se destinarán $35.000 millones para la compra de 39 predios este 2022, lo que beneficiará a 19 comunidades. La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. aseveró que “no estamos entregando tierras y conversando, tal como hemos dicho, a cambio de seguridad o a cambio de que esas tierras se mantengan productivas, o a cambio de nada”, sino que “estamos entregando las tierras porque es lo que corresponde hacer”.

Máximo tribunal estableció "error de derecho" en la sentencia anterior, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, al confirmar la de primer grado que rechazó la demanda y no aplicar la legislación que protege las tierras indígenas.

"El Estado reconoce la desposesión, usurpación, expoliación y despojo de las tierras, territorios y bienes naturales a los pueblos y naciones indígenas a causa de la violencia estructural e histórica, por el aprovechamiento de sus costumbres o por el desconocimiento del sistema jurídico nacional, y que hayan sido confiscados, apropiados, ocupados, utilizados o dañados por razones ajenas a su voluntad”, indica el artículo 28 que fue aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales.

La norma consta de dos artículos: el primero establece una comisión que desarrollará una política de saneamiento, catastro y restitución de tierras y recursos indígenas. Por su parte, el segundo anula los permisos y concesiones mineras en territorios que pertenezcan a las naciones originarias, sin que haya un proceso de consulta previo.

La medida se toma, supuestamente, para proteger a los pueblos originarios de la Covid-19

Esta decisión del Tribunal Supremo generó protestas de los indígenas que desde hace semanas esperan afuera del organismo por la conclusión del juicio

Las organizaciones medioambientales consideran que el avance de estos últimos años se debe a las políticas del presidente Jair Bolsonaro

“No se va a cometer ningún abuso, no va a haber ninguna expropiación en propiedades legítima y legalmente constituidas, y tampoco en ejidos. Es hacer una revisión de cómo está la tenencia de la tierra", aclaró

“Crímenes forestales a la vida rural de comunidades campesinas: crisis hídrica, plagas e incendios ¿Hasta cuándo?”, expresó Llanquileo en defensa de las acciones de los mapuches

Fue la misma Conadi la que solicitó el pronunciamiento de la CGR, para determinar si resultaba procedente "la entrega de una cantidad de dinero a título de indemnización como un mecanismo que permita solucionar los problemas de tierras".