En las carpetas, los conscriptos del Ejército dan cuenta de torturas, fusilamientos y otros hechos de los cuales, los uniformados fueron víctimas y testigos, mientras realizaban el Servicio Militar.

Estado de Chile deberá pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos, por concepto de daño moral, a una persona que fue detenida el 12 de septiembre de 1973 y conducida al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional, donde fue sometida a brutales torturas.

Tras su detención, le hicieron un simulacro de fusilamiento, además de golpearlo con puños y pies, aplicarle corriente, mojarlo con orinas y excrementos, y dejarlo al sol por horas.

En vez de entregarlos a Carabineros, los llevaron a un descampado y los dejaron abandonados sin informar el hecho, pese a ser consultados al respecto.

En fallo unánime, la Tercera Sala confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 por concepto de daño moral, a Rosa Figueroa Gómez, quien fue detenida ilegalmente el 7 de febrero de 1984 por efectivos de la CNI, quienes la trasladaron al cuartel ubicado en calle Agua Santa y, posteriormente, al emplazado en calle Álvarez, en Viña del Mar, recintos donde fue sometida a sesiones de torturas y vejaciones.

Se procesó a Bertalino Segundo Castillo Soto, Ricardo Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, en calidad de autores de los delitos cometidos en dependencias de la Academia de Guerra Naval de Valparaíso.

Juez Daniel Platt Astorga estableció la responsabilidad del Estado por el daño moral infringido por sus agentes a la mujer, quien -señaló- fue víctima de un crimen de lesa humanidad.

Víctima resultó como contusiones faciales, fractura y aflojamiento de piezas dentales; múltiples hematomas y equimosis en cabeza, cara, cuello, abdomen y extremidades; además de un cuadro de estrés postraumático, según informe del Servicio Médico Legal.

En el encuentro, que se desarrolló por cerca de 40 minutos, Jordano repasó junto a la legisladora los hechos que se le imputan, señalando las graves deficiencias del proceso judicial, tales como la falta de testimonios diferentes a los de instituciones policiales o de pruebas concretas del supuesto intento de homicidio por el cual se le condenó.

Tribunal confirmó la sentencia del 29° Juzgado Civil de Santiago, que condenó al fisco a pagar la suma de 50 millones de pesos, más reajustes conforme al alza del IPC.