El monto de la indemnización es la más alta compensación económica a la que se ha obligado a pagar a la Iglesia hasta ahora. La acción civil había sido presentada hace cinco años, y recientemente, las víctimas habían entregado nuevos antecedentes en los que se comprobarían los actos de encubrimiento de la jerarquía eclesiástica, lo que terminó por revocar el fallo del juez que en primera instancia había sido rechazado.
