Por Eduardo Rothe

Previamente, la Defensoría del Pueblo reportó 24 homicidios durante las jornadas de protestas, mientras que la ONG Temblores elevó esa cifra a 37

Se contabilizan 222 casos de víctimas de violencia física, 37 homicidios y 831 detenciones arbitrarias en la nación sudamericana

Columna de opinión de la candidata a Convencional Constituyente (CC) por el Distrito 13, Libertad Méndez, en el contexto del "Día del Carabinero". En su columna la ginecóloga feminista articula un relato movilizador, necesario, pero sobre todo urgente sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública de Chile y su violación sistemática a los derechos humanos, crímenes que se vieron acrecentados desde el inicio de la revuelta social en octubre de 2019: "No descansaremos hasta que la institución sea refundada y la reparación llegue."

CDE sostuvo que "la violencia ejercida por el uniformado careció de justificación, fue contraria a todo protocolo que regla el accionar policial y provocó un grave sufrimiento a la víctima".

Columna de opinión de la candidata a Convencional Constituyente (CC) por el Distrito 13, Libertad Méndez, sobre la violencia política-sexual histórica en Chile y su alarmante alza tras la revuelta de octubre de 2019. La candidata pertenece a la organización Médicas Feministas y a la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Homenaje a Cristian Valdebenito, asesinado por Carabineros hace un año Podemos considerar que la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019 ha tenido diferentes ciclos o etapas

"Miles de personas resultaron heridas o informaron haber sufrido graves abusos durante su detención, incluidas brutales golpizas y abusos sexuales", indicó la organización.

Con base en los informes de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI y de la autopsia, la fiscal Glenda Lagos argumentó ante el Juzgado de Garantía de Lota que el carabinero Cáceres "se excedió" en su reacción frente a la desobediencia de la víctima.

Los manifestantes mostraron su rechazo a una de ley que limita la difusión de videos, que revelen la actuación de las fuerzas del orden.