Chile será examinado por Comité de Derechos Humanos ONU: Derechos indígenas y Ley Lafkenche (Ecmpo) entre puntos críticos

Estado chileno será examinado por Comité de Derechos Humanos

En marzo de este 2024, tendrá lugar el 140° periodo de Sesiones del Comité de Derechos Humanos antes las Naciones Unidas, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes y en este caso, le corresponde ser examinado a Chile.

Ver también / La defensa de la Ley Lafkenche: “Es una nueva forma de relación con el borde costero que involucra a todos los actores”

Parte de la labor del Comité, es promover el disfrute de derechos civiles y políticos, resultando en numerosos cambios en la legislación, políticas y prácticas.

En esa línea, en agosto del 2019, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, efectuó al Estado chileno una lista de cuestiones previa a la presentación de su séptimo informe periódico.

Cabe consignar, que los principales puntos indicados por el Comité, en términos generales, se relacionan a la situación de Chile en materia de derechos humanos, con inclusión de nuevas medidas y acontecimientos relativos a la aplicación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos e información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 27 del Pacto, incluida la relacionada con las recomendaciones anteriores del Comité.

El informe, que debía presentarse el 2020 por el gobierno de la época, encabezado por Sebastián Piñera, finalmente fue ingresado al Comité en noviembre del 2021.

Llama la atención sobre unas serie de omisiones por parte del Ejecutivo, pero por otra, el cómo el gobierno de Piñera destacaba una serie de normativas como parte “ejemplar” en Chile, entre ellas, la Ley 20,249, sobre Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada “ley Lafkenche”.  

En su informe, el gobierno de Piñera destacó: “Otro importante mecanismo de protección de los recursos y medio de sustento tradicional para los pueblos indígenas es la Ley Nº 20.249, que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, de 2008. Su objetivo es resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”.

Sin embargo, ese escenario que era destacado por el gobierno de Piñera, como un avance, un logro del Estado chileno en materia de “reconocimiento” de derechos indígenas, en poco más de dos años, ha cambiado radicalmente y hoy, ésta ley, enfrenta una serie de ataques y amenazas, así como la generación de un ambiente que promueve el odio racial, según se ha denunciado.

Resulta llamativo, que hoy, exfuncionarios del Gobierno de Piñera, por medio de sus militancias políticas o como agentes de sectores empresariales, promueven cercenar dicha ley, bajo la complicidad de otros sectores políticos chilenos.

Un ejemplo de ello, Loreto Seguel King, ingeniera civil, quien fue ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y subsecretaria de Servicios Sociales durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, es presidenta del Consejo del Salmón que reúne a  intereses de empresas nacionales y transnacionales de dicha industria. Hoy, es una activa promotora de cambiar la ley lafkenche y ferviente opositora a que se asignen derechos a comunidades en Aysén, en particular a dos, indicando: “¿Es justo otorgar 600 mil hectáreas de mar a un reducido grupo de 38 personas? ¿Alguien le ha tomado realmente el peso a este requerimiento? ¿Es responsable entregar un espacio chileno soberano sin conocer en detalle el destino de uso ni la gobernanza que tendrá?…”.

Cabe mencionar, que sólo en la Región de Aysén, existen más de 1,300 concesiones que el Estado  ha otorgado a empresas salmoneras  , la mayoría de ellas transnacionales.

Clima hostil y odio racial contra defensores de los ECMPO

En un marco de hostilidades y agresiones contra quienes buscan aplicar la ley lafkenche, en el presente, existen numerosos antecedentes registrados, sobre prácticas de hostigamiento y discriminación contra comunidades en Chiloé y la Patagonia que defienden sus territorios.

La campaña de desinformación y de hostilidad levantada desde ciertos sectores vinculados a intereses industriales y transnacionales, junto a grupos políticos, amenaza la integridad de los defensores en la Región de Los Lagos y Aysén.

A pesar de la gravedad y lo peligroso, de acuerdo a los antecedentes que se están manejando, ningún organismo del Estado está velando ni garantizando por la integridad de quienes son objeto de estos ataques. Entre los puntos críticos, no se está implementando el Acuerdo de Escazú. Tampoco existe pronunciamiento  y acciones formales de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el ministerio público no está investigando, considerando que existen antecedentes públicos de eventuales delitos.

Comité de Derechos Humanos y las Ecmpo

En el marco del examen al Estado chileno, representaciones de comunidades, autoridades tradicionales y organizaciones de la sociedad civil, extendieron al Comité de Derechos Humanos, una serie de antecedentes sobre estos incumplimientos y que se relacionan a los derechos indígenas. Entre otros: niñez, territorialidad, proyectos de inversión y tierras indígenas, espiritualidad y religiosidad, amenazas a defensores ambientales y las amenazas por inacción del gobierno y grupos legislativos, que enfrenta la Ley 20.249, que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

El caso de las ECMPO

Los antecedentes que maneja el Comité, se refieren a una serie de situaciones  con hechos amenazantes, “que vulneran derechos de comunidades, a causa de una falta de garantía de no discriminación, de no repetición, de garantizar la integridad cultural y la seguridad de las comunidades”.

Entre los elementos considerados:

 -Actualmente, existe una moción parlamentaria para «perfeccionar» la ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) o también denominada: la Ley Lafkenche, presentada por un grupo de senadores, la que ha sido calificada por diversas comunidades indígenas y organizaciones como «racista», ya que se estima, que este intento de modificación plantea reestructurar la legislación, para supuestamente “compatibilizar” las actividades en el borde costero, generando controversias sobre sus reales intenciones y sus implicancias en los derechos indígenas, ya que justamente, lo que hace la ley es armonizar actividades sustentables y genera una herramienta de protección frente a actividades industriales dañinas.

-Frente a esto, comunidades y organizaciones mapuche-lafkenche-huilliche, defensoras de espacios territoriales marinos de borde costero,  han advertido que la modificación que se pretende en el proyecto de ley desconoce los derechos adquiridos de las comunidades indígenas y demuestra un riesgo de racismo hacia aquellos que hacen uso legítimo de la Ley Lafkenche. Se resalta la importancia de preservar los usos consuetudinarios de los pueblos originarios del mar desde tiempos inmemoriales.

-Se destaca asimismo, la relevancia de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en el desarrollo social, cultural y político de las comunidades indígenas y del país en general. Estos espacios no solo contribuyen a la conservación biocultural y la soberanía alimentaria, sino también a la economía familiar y comunitaria. Se estima, que la modificación propuesta ignora estas contribuciones esenciales.

-Otra de las críticas públicas en la aplicación actual de la Ley Lafkenche, es la excesiva  demora en la tramitación de las solicitudes de ECMPO, resaltando la ineficiencia administrativa y las trabas burocráticas. Se argumenta que estas demoras son aprovechadas por intereses político-económicos, afectando a las comunidades indígenas y generando tensiones innecesarias.

-Se subraya la resistencia de las comunidades indígenas y la necesidad de una intervención gubernamental para restaurar la transparencia en la implementación de la Ley Lafkenche. Se señala que el gobierno de Gabriel Boric, está al tanto de denuncias de ataques racistas, a quién además, se le ha solicitado su apoyo para garantizar una gestión justa y equitativa de los ECMPO.

–  También se ha resaltado, el papel crucial de los ECMPO en la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos, para sostener trabajos y recursos bentónicos, en particular ante los impactos industriales, razón por lo que se ha hecho el llamado a cumplir con la legislación que resguarda los derechos de las comunidades indígenas, como el Convenio 169 de la OIT.

.- El Estado chileno deberá enfrentar ante el Comité, el cómo garantizará los derechos adquiridos de las comunidades indígenas y se respeten sus usos consuetudinarios frente a las amenazas y campañas de boicot contra la ley lafkenche, así como cuáles son las medidas concretas que se implementarán para agilizar la tramitación de las solicitudes de ECMPO y evitar demoras injustificadas. Otro punto de urgencia, es cómo se abordarán los ataques racistas denunciados por las comunidades indígenas y qué acciones tomará para restaurar la transparencia en la implementación de la Ley Lafkenche.

Las organizaciones y comunidades denunciantes, consideran que es insólito que en este gobierno se posibilite una eventual modificación de la Ley Lafkenche y se permitan campañas racistas contra defensores ambientales y de espacios costeros marinos de Pueblo Originarios.

El jueves29 de febrero, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén, se pronunciará sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), de conformidad a  ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, denominadas como “Cisnes” y “Huichas”, en medio de una violenta campaña de grupos transnacionales y sectores políticos defensores de los intereses transnacionales, esto ocurrirá a tan solo días del inicio del examen periódico al Estado chileno por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En medio de la campaña de desinformación y del clima hostil en contra de las comunidades peticionarias, se ha señalado que un reducido grupo se apropiaría del mar para fines “particulares” o que afectarán otras concesiones. Ante esto, se ha desmentido y se ha afirmado que las solicitudes de ECMPO respetan los derechos adquiridos previamente y las concesiones existentes, tanto de las industrias como de las comunidades de pesca.

La denominada Ley Lafkenche, en el marco de su aprobación, fue aplaudida transversalmente por todas las bancadas parlamentarias, iniciativa considerada como un mínimo de reconocimiento de derechos de uso ancestral. 

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