Desde que se destapó el escándalo Penta, la ciudadanía, el país entero se ha preguntado cuando los involucrados en este caso renunciaran a sus cargos en el Congreso, obtenidos mediante campañas ilegítimas. Luego de la renuncia de Dávalos del gobierno, los ciudadanos han exigido que sea el turno de los Penta-involucrados, sobretodo de los militantes UDI. La directiva del partido, sin embargo, parece hacer oídos sordos a la demanda popular y aseguraron que no dejaran a sus compañeros solos mientras dure la investigación.

Llegó marzo, el año legislativo y con ello se reanudan los debates. La tramitación del proyecto de aborto terapéutico comenzó con la polémica generada en las instituciones de salud que se niegan a realizar la intervención en sus centros de salud, mientras los sectores conservadores de siempre intentan acusarlo inconstitucional. Sin embargo, ya se anunció una indicación para quitar los plazos en la causal de violación y personeros de la nueva mayoría aseguran que se tomaran todo el tiempo para legislar como corresponde.

Los senadores repararon en los plazos que establece el proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo bajo tres causales y que señala que bajo la circunstancia de violación podrá realizarse antes de las 12 semanas y en menores de 14 años, antes de las 18 semanas. Los legisladores sostienen que sobretodo en esa causal no se debería fijar plazos.

Renovación Nacional anunció que Alberto Cardenal suspenderá sus actividades en el partido mientras este en curso la investigación del caso Penta donde esta siendo investigado. Además, arremetieron contra el caso Caval, anunciando una querella y la constitución de una comisión investigadora.

Los próximos proyectos de la reforma educacional, desmunicipalización y carrera docente podrían ser presentados en abril, pues legisladores señalaron que requerirán de más tiempo para su elaboración.

Los gremialistas dieron a conocer su apoyo a la iniciativa de la Presidenta de crear un marco regulatorio para la relación de lo público y lo privado. La idea de fiscalizar la relación entre la política y los negocios parece constituirse como una oportunidad de lavado de imagen para las dos coaliciones políticas afectadas por los escándalos Penta y Caval.

Ayer se cumplieron 3 años de la brutal golpiza que terminó la vida de Daniel Zamudio, un joven que murió a manos de la violencia y la ignorancia de un grupo de jóvenes que cobardamente lo masacraron por el hecho de ser gay. Un crimen de odio que sirvió para promulgar la ley antidiscriminación que lleva su nombre y un crimen que nos debe obligar a seguir luchando para que un crimen así no vuelva a ocurrir.

Desde que se supo de su participación en el escándalo Penta y "los raspados de olla" que pidió para financiar su campaña senatorial, el senador UDI Iván Moreira ha estado en la mira. La ciudadanía sabe que su puesto en el Senado es ilegítimo a partir de las prácticas que concretó para financiar la campaña y por ello miles de chilenos han exigido que dejé el Congreso, él y todos quienes estén allí por medio de ilícitos. A pesar de ello, Moreira señaló hoy que tiene un compromiso y que trabajara arduamente.

El diputado UDI Hasbún sigue protagonizando polémicas. Luego de su conflicto con el Intendente de la Araucanía Francisco Huenchumilla, donde este último lo trató de fresco y sostuvo que realiza viajes con dineros del Parlamento, el Partido Comunista se sumó a la polémica con una denuncia en la Contraloría para investigar cómo Hasbún financia sus viajes a la Araucanía.

A partir de los escándalos Penta y Caval ha surgido la necesidad de regular la relación entre la política y los negocios. El gobierno principalmente afectado por el escándalo Nueragate propuso crear una nueva institucionalidad para la relación entre lo público y lo privado. A raíz de esta iniciativa se han generado distintas opiniones, de las cuales algunas apuntan a que esto sería un blanqueo para la imagen de la Nueva Mayoría y la Alianza.