Pusieron candados en el único portón de acceso: Tribunal autoriza ingreso con fuerza pública para fiscalizar uso de aguas de minera Vizcachitas

El Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo acogió un recurso presentado por la Junta de Vigilancia de la comuna, en contra de la sociedad Compañía Ganadera de Tongoy Limitada, ligada a la familia Schiess, la cual es dueña de un predio fronterizo de aproximadamente 44.529 hectáreas donde se desarrolla actualmente el proyecto extractivo de la compañía minera Vizcachitas Holding, de la canadiense Los Andes Copper.

Según consignó el medio local El Trabajo, la sentencia permite que la Junta de Vigilancia pueda ingresar libremente al inmueble para cumplir sus deberes de fiscalizar cualquier tipo de extracción ilegal o contaminación de las aguas de la cuenca del río Putaendo, el cual nace de los ríos cordilleranos de Lo Vicuña y Piguchén, y se compone del río Rocín y del río Hidalgo.

Si existiera oposición, agrega el fallo, Carabineros de Chile podrá descerrajar el portón de acceso al inmueble ubicado en el sector Los Patos.

«De acuerdo al relato de los escritos judiciales, firmados por los abogados Carlos Ciappa y Ruggero Cozzi, ha sido imposible acceder al inmueble porque Compañía Ganadera de Tongoy Limitada ha colocado candados en el único portón de acceso, impidiendo que la Junta de Vigilancia pueda ejercer sus atribuciones y deberes legales de fiscalización en la parte alta del río Putaendo, precisamente, en el sector donde se desarrollan las actividades de exploración y sondajes de la minera Vizcachitas», señala la nota del citado medio del Aconcagua.

En esa línea, se recordó que la empresa fue sancionada por la Dirección General de Aguas producto de extracciones ilegales en el río Rocín, lo cual fue ratificado por la Corte Suprema en septiembre de 2022. Todo, con ocasión de un contrato de servidumbres entre Ganadera Tongoy y Vizcachitas.

La Junta de Vigilancia del río Putaendo fue constituida en el año 1988, y está encargada de administrar y distribuir las aguas del río Putaendo a que tienen derechos sus miembros, en total, 37 comunidades de aguas que son dueñas de 6.053 acciones, abasteciendo a más de 3.800 usuarios con derechos de aprovechamiento consuntivos, principalmente regantes y sistemas de agua potable rural.

Según lo establecido en el Código de Aguas, la Junta de Vigilancia tiene la atribución y el deber legal de vigilar que no existan alteraciones o extracciones ilegales, en toda la cuenca en que ejerce jurisdicción.

Tras la resolución judicial, el presidente de la Junta de Vigilancia, don Miguel Vega, manifestó que están conformes con la sentencia, y que esperan que se dé pleno cumplimiento por parte de Ganadera Tongoy y Minera Vizcachitas.

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Foto Portada: El Trabajo de Aconcagua