"La diferencia entre lo que el Estado ya puede hacer contra el narcotráfico o el crimen organizado y lo que este proyecto añade está, precisamente, en su enfoque en restringir la reunión, la asociación, la libre circulación y la vigilancia de las comunicaciones. Facultades que no son efectivas para perseguir a un narco (que no marcha, que no se asocia públicamente ni ocupa una plaza para pedir nada), pero son las que se necesitan, en cambio, para disolver una manifestación social".