Un estudio de ODCU revela que el 77% de los productos revisados presenta el PPUM, aunque se encontró inconsistencia en las unidades de medida en algunos productos lo que podría afectar una buena decisión de compra de los consumidores.

Casi 40 premios nacionales alertaron sobre las posibles consecuencias del proyecto INNA, de AES Andes, en los cielos de Chile y su liderazgo astronómico. Ubicado a solo siete kilómetros del Observatorio Paranal, podría generar daños irreversibles, como contaminación lumínica y alteraciones atmosféricas, afectando instalaciones clave para investigaciones de alcance global. La empresa arrastra un historial de proyectos polémicos, como la propuesta de Alto Maipo.

En virtud del derecho de rectificación establecido en la Ley de Medios N.º 19.733, Sebastián Sichel aclaró que las disculpas ofrecidas durante una audiencia judicial no están relacionadas con la querella por fraude al fisco en la Corporación Cultural de Ñuñoa, la cual sigue vigente.

Si bien el diputado del Partido Nacional Libertario ha manifestado su interés de ir a primarias con Chile Vamos y el Partido Republicano, ninguno de los dos sectores ha aceptado su propuesta. Respecto a su eventual programa de Gobierno, Kaiser ha propuesto replicar las medidas de la dictadura militar y aplicar un "ordenamiento institucional".

Sebastián Sichel aclaró en audiencia judicial un error en los datos de finiquitos presentados al Concejo Municipal de Ñuñoa, que derivó en la querella por injurias presentada por el exdirector Francisco Valenzuela.

La Corte ordena revelar contratos y pagos al estudio jurídico Albagli Zaliasnik, exponiendo gastos cuestionados de la gestión de Rodolfo Carter en La Florida.

El requerimiento fue presentado por la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro, junto con los parlamentarios frenteamplistas Lorena Fríes, Emilia Schneider, Andrés Giordano y el independiente Hernán Palma.

Un reportaje de El Ciudadano reveló que Codelco, bajo la gestión de Máximo Pacheco, compró por el doble de su valor el 100% de las acciones de LPI, una empresa australiana sin activos físicos, sin derechos a explotar litio y con una Resolución de Calificación Ambiental impugnada en tribunales. A raíz de esto, la justicia decidió recientemente abrir una investigación por presunto fraude al fisco contra la empresa estatal.

Lo que sucede en los loteos ‘brujos’ es que el propietario de un predio en lugar de lotear vende derechos, sin respetar la subdivisión mínima definida en los instrumentos de planificación territorial y sin dotar al loteo de obras mínimas de urbanización. Su rol de loteador se limita a talar árboles, pasar maquinaria para abrir vías de mala calidad, arrasando con la agónica vegetación nativa que sobrevive a duras penas.

La Justicia de Chile, mediante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la reapertura de la investigación en la causa iniciada por compra de empresa fantasma de litio