El festival tiene como propósito fortalecer la economía local, visibilizar los saberes tradicionales y fomentar la transmisión de conocimientos entre generaciones, reuniendo a recolectoras, huerteras, cocineras y productores del territorio.

El proyecto fue presentado en agosto de 2024 y actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. "Es momento de discutir de cara a la ciudadanía y en avanzar para que todos los parlamentarios que han sido desaforados, se les quite su dieta. La ciudadanía lo exige y hagamos de nuestro cargo un cargo más digno", señaló la senadora Campillai.

El exjuez, removido hace siete meses por la Corte Suprema de su cargo en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana por obtener bajas calificaciones, es acusado de liderar un esquema de corrupción que operaba a través de peritajes manipulados a cambio de millonarias coimas.

En medio del escándalo por el error en el cálculo de las tarifas eléctricas, La Moneda informó la salida de Diego Pardow y el arribo del titular de Economía, Álvaro García, quien asume también Energía.

Una investigación solicitada por la Fiscalía a la CGR detectó que el dinero reembolsado con fondos públicos por gastos de campaña de la exalcaldesa de Maipú no fue transferido a la empresa Modo74, sino a su cónyuge, el diputado Joaquín Lavín.

Bajo el concepto de defender derechos, el PC pondrá en el centro de su mensaje la defensa de las conquistas sociales, la dignidad de las y los trabajadores junto a la construcción de un país más justo e igualitario.

A través de un comunicado del 13 de octubre, el Módulo E de Angol informó que Estefani Pérez Ancalaf (103 días en ayuno) y Antonio Lebu Neculpan escalaron su protesta a huelga seca por falta de respuestas. Exigen traslado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, respeto del Convenio 169 de la OIT y garantías de juicio justo para otros comuneros.

Fuentes de la industria del mercado eléctrico advierten que se trata del mayor yerro cometido por la CNE en la historia de la institución y hablan de un costo de 100 millones de dólares, pero solo en lo que respecta al acumulado en favor de las generadoras durante los últimos dos años.

Con la promulgación de la nueva normativa, el Estado reconocerá jurídicamente —en un registro público y digital del Registro Civil— a las víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990. Autoridades destacaron que es una política de Estado; familiares valoraron el paso como una reparación largamente esperada.

Este proyecto de Hidronor no puede analizarse como una inversión más. Es un caso de evidente incumplimiento legal que amenaza la seguridad aérea, la salud de la población, burlando el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.