"El debate no está en impedir que particulares practiquen artes marciales; sino preguntarse cómo, quiénes y bajo qué criterios deciden que una institución pública estatal, laica y con una organización estudiantil supuestamente ligada a la conciencia social, preste sus instalaciones para una actividad vinculada históricamente al entrenamiento militar y policial ligado al sionismo y peor aún, ligado durante décadas a un plan de exterminio de todo un pueblo", afirmaron desde la cuenta informativa Magallanes Rebelde.