Entre el 25 de noviembre al 6 de diciembre, se realizaron una serie de diligencias encabezada por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, junto a efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI y personal del Servicio Médico Legal para realizar un análisis exhaustivo del terreno en que militares de la Escuela Infantería de San Bernardo ejecutaron, en octubre de 1973, a catorce campesinos del asentamiento El Escorial de Paine.