La Procuradoría General de Brasil acusa a 34 personas -entre ellas militares de alto rango y ministros de Jair Bolsonaro- de orquestar un plan de ataque a las instituciones brasileñas que obligaría al Ejército a tomar el poder tras las elecciones de 2022. Dicho plan incluía el uso de armas bélicas contra un juez de la Corte Suprema y el asesinato por envenenamiento del actual presidente Lula da Silva.