"Este paso demuestra que las comunidades tienen derecho a solicitar que las decisiones ambientales sean revisadas cuando existan antecedentes que así lo justifican. Confiamos en que este proceso permita un análisis serio, transparente y riguroso, porque proteger el medioambiente también es proteger la salud, la calidad de vida y el futuro de nuestras comunidades", afirmó Mayka Martínez, coordinadora ambiental de La Farfana.