Tanto los montos pagados a Stanley Morgan como la sesión de Corfo que entregó el mandato a Codelco para negociar con SQM aún están en penumbras. Pese a que Máximo Pacheco se negó a presentarlos ante la Cámara, la Contraloría si tiene la facultad de revisar los contratos de Corfo y podría ir más allá al examinar los documentos de la opaca negociación entre la cuprífera estatal y SQM.

Pese a que Codelco se pone con el 82% y la anglosudafricana con menos del 18%, se irán a medias. También los yacimientos de Codelco son más ricos en Cobre y los de Anglo en Pirita.

El senador Esteban Velásquez presentó un proyecto de ley para que los municipios informen anualmente a la Contraloría y publiquen trimestralmente en sus webs el uso de los fondos del Royalty Minero. La iniciativa busca transparentar y fiscalizar el destino de estos recursos, asegurando su correcta inversión para el desarrollo comunal.

Con el objetivo de sellar luego el polémico acuerdo entre Codelco y SQM, autoridades de Codelco y Corfo han dado señales de estar cerrada la Consulta Indígena que exige el consentimiento de las comunidades atacameño lickanantay que habitan el Salar de Atacama. Sin embargo, el proceso enfrenta un recurso de protección de la Comunidad de Coyo y una organización de agricultores. Según los críticos de la Consulta, se trata de un proceso viciado, en el que se faltó a los principios de buena fe, flexibilidad y pleno consentimiento.

Máximo Pacheco se apresuró en las vísperas de las fiestas patrias por dar por concluida la Consulta Indígena llevada por la Corfo para obtener la venia de las comunidades. Sin embargo, el proceso enfrenta un recurso de protección de una comunidad lickanantay y una organización de agricultores. Como el polémico acuerdo genera rechazo entre los candidatos presidenciales, el objetivo de Pacheco es firmarlo cuanto antes.

El tribunal comprobó que la actividad minera generó una conexión hidráulica no natural entre el acuífero y la mina, lo que causó vaciamiento de agua subterránea en volúmenes importantes, modificaciones en la morfología y dirección del flujo del agua, y cambios sustanciales en sus propiedades físico-químicas.

Un engranaje clave para el loby de las transnacionales mineras al interior del directorio de Codelco es Alejandra Wood, quien antes trabajó en Minera Escondida, BHP Billiton y dirigió la agencia de loby Cesco. Poco antes de asumir en la cuprífera estatal planteó que la minería no hay que entenderla “como una vaca lechera, proveedora de recursos para el Estado”. Promueve además una econometría diseñada por el think tank Fraser Institute, que inventó un índice para empujar la privatización de las empresas públicas a nivel mundial.

En 1975 Codelco abrió en Emmerich am Rhein, oeste de Alemania, la planta Deutsche Giessdraht GmbH, productora de cátodos y alambre de cobre, en sociedad con el grupo Norddeutsche Affinerie y una productora de cobre reciclado. La apuesta de la cuprífera chilena fue entrar directamente al mercado europeo de metales. Sin embargo, la planta fue vendida en 2018 por apenas 17 millones de dólares tras una sesión secreta del directorio de Codelco presidido por el economista Óscar Landerretche.

Cada año en el CESCO Week se definen gran parte de las políticas mineras. En la instancia a la que llegan ingenieros, empresarios mineros, la ministra de Minería y hasta el presidente de la República se consensúan los lineamientos que empujan de a poco la privatización encubierta de los yacimientos de Codelco. Este año la cobertura fue la ‘complementariedad público-privada’.

Un nuevo análisis regional advierte que Estados y empresas están incumpliendo obligaciones en derechos humanos en el triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile). El estudio alerta por impactos ambientales, falta de consulta a pueblos indígenas y criminalización de defensores, y llama a una transición energética justa.