Comunidades aymaras de Camarones y Putre manifestaron su rechazo al proyecto minero Champagne de Andex Minerals, que amenaza aguas, glaciares, cultura y espiritualidad en el cerro Anocarire, informó Radio Ayni. Pese a observaciones de CONADI y municipios, el SEA recomienda su aprobación. La Comisión de Evaluación Ambiental decidirá este 26 de junio en Arica.

Los proyectos de explotación de litio desarrollados por Codelco y Enami se sustentan en buscar a socios a quienes se entrega la mitad del negocio. Así ocurre con el acuerdo SQM-Codelco que entrega hasta el 2060 la mitad de la explotación de litio a la empresa de la familia Ponce Pinochet; la cesión de la mitad del Salar de Maricunga a la angloaustraliana Rio Tinto, junto con la la mayoría accionaria en los Salares Altoandinos por parte de Enami. Expertos en minería y economistas consideran que es mejor quedarse con la totalidad del negocio.

La pregunta la plantea Martín Arboleda, autor de ‘Planetary Mine’ y ‘Gobernar la utopía’. El primer libro da cuenta de la compleja red que conecta las minas chilenas con la economía global y en el segundo plantea ideas y caminos en torno de la planificación y el poder popular. Arboleda comenta que en Chile “hay sectores políticos para quienes hablar de una política industrial es un tema tabú” y en la explotación del litio “se presentan viejas formas de subordinación internacional”.

“Lo que acá está ocurriendo es el mismo guión que en 2015 aplicó el gobierno de la época. Obviar la responsabilidad del Estado y la minera por el arsénico, plomo y mercurio, y concentrarse en el uso productivo de los relaves, lo que es un sinsentido. Se están muriendo los animales, se está enfermando la gente, están teniendo impactos económicos, y desde el gobierno insisten en bajarle el perfil”, expresó Erwin Sandoval.

Durante la tarde de este lunes el pleno de la Cámara de Diputados debe votar el informe de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM, que concluyó que el pacto con SQM está está plagado de irregularidades y no se negoció con transparencia. El lobby para echar abajo el informe incluye hasta la publicación de una encuesta de Cadem durante la mañana. Un cálculo reciente estima en que se subsidia con 5.200 millones de dólares a la empresa de Francisca Ponce Pinochet.

Un nuevo cálculo sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del Salar de Atacama, hecho por el economista Camilo Lagos, dio cuenta que se subsidia con 5.200 millones de dólares a la empresa de Francisca Ponce Pinochet. En tanto, el patrimonio público pierde capturar unos US$ 4 mil millones al no operar directamente en el acuífero atacamaño o llamar a licitación. Tampoco hay en la actual negociación, compromisos exigibles de tecnología limpia ni de industrialización local.

Radio Ayni informa que comunidades aymaras de Tarapacá rechazan la explotación de litio en el Salar de Coipasa, tras la suspensión de la consulta indígena en abril de 2025. Denuncian falta de transparencia y riesgos ambientales en este territorio binacional, vital para su cultura y subsistencia. El proyecto se mantiene mientras tanto en pausa.

El proceso de Consulta Indígena desplegado por Corfo en relación a los aportes que debe otorgar SQM comenzó a ser cuestionado por integrantes de las comunidades lickanantay. Comuneras sostienen que se busca el consentimiento a la rápida, hubo demora en la entrega de información y se han impuesto tiempos acotados para comprender un acuerdo complejo. Cuentan que al principio no quería dar a conocer los borradores y “querían que tomáramos la decisión a partir de los power point que habían mostrado en las reuniones hechas en las comunidades”.

Vecinos y organizaciones ambientales ingresaron este martes una reclamación al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que la minera incluya la Revisión Independiente de Seguridad de Presas (DSR) antes de remover el material ubicado en el tranque Pérez Caldera.

El apoyo dado por tres de los cuatro candidatos del oficialismo al acuerdo entre SQM y Codelco es argumentado a partir del beneficio para el país. Si bien algunos están convencidos de que se trata de una gran oportunidad para la entrada del Estado en la explotación de litio y una mejora en los ingresos fiscales, economistas estiman una pérdida de US$ 5.700 millones de concretarse el pacto y expertos en minería aseguran que se producen mayores ganancias manteniendo el control del Salar de Atacama.