El apoyo dado por tres de los cuatro candidatos del oficialismo al acuerdo entre SQM y Codelco es argumentado a partir del beneficio para el país. Si bien algunos están convencidos de que se trata de una gran oportunidad para la entrada del Estado en la explotación de litio y una mejora en los ingresos fiscales, economistas estiman una pérdida de US$ 5.700 millones de concretarse el pacto y expertos en minería aseguran que se producen mayores ganancias manteniendo el control del Salar de Atacama.

La entrega del Salar de Atacama hasta el 2060 a los nietos de Pinochet se instaló con fuerza en el debate presidencial. Los ejes argumentales de los candidatos frente a la asociación SQM Codelco varían entre la necesidad de la ética en política, instalada por Jeannette Jara; que “el acuerdo es bueno para Chile”, según Gonzalo Winter y Jaime Mulet; o que “necesitamos de la empresa privada”, narrativa de Carolina Tohá. En tanto, Francisca Ponce Pinochet observa a distancia como la disputa tensa a la coalición de gobierno.

El geólogo del CEMEC, una de las pocas Personas Competentes en minería en Chile, comenta que el acuerdo entre Codelco y SQM es “una aberración económica”. Tras décadas estudiando las proyecciones de yacimientos, le llama la atención que el gobierno entregue la mitad de la propiedad en el promisorio negocio del litio a competidores. “La regla básica de la minería es si uno tiene un yacimiento de gran calidad, lo que debiera hacer es quedarse con el cien por ciento”.

Las fallas del acuerdo SQM-Codelco que han salido a la palestra tras la investigación desarrollada por la Cámara, despertó estrategias de control de daños de los promotores de la entrega del Salar de Atacama a Julio Ponce Lerou. Así economistas de varios sectores políticos y hasta el propio presidente Boric salieron en su defensa. En tanto, los cálculos dan cuenta de una pérdida entre 5.200 a 5.700 millones de dólares para el patrimonio público.

“Vale la pena siquiera preguntarse si es que el Estado chileno debe sostener a una empresa, con este historial internacional, como su brazo derecho en su cruzada por el litio”, señala el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA.

A una semana de que la Comisión Investigadora de la Cámara recomendara dejar sin efecto el acuerdo entre Codelco y SQM que entrega la explotación de litio y potasio en el Salar de Atacama a Julio Ponce Lerou, el gobierno ha permanecido en un incómodo silencio. Los parlamentarios calcularon en millonarias las pérdidas para el patrimonio público, dando cuenta de la entrega de información errada de parte de Máximo Pacheco. El próximo paso es la entrega del informe en Contraloría.

El diputado Cristian Tapia, presidente de la comisión investigadora del acuerdo entre Codelco y SQM (Soquimich), informó la aprobación del informe final de dicha comisión con 10 votos a favor, una abstención y dos inasistencias. El documento denuncia la falta de transparencia en la negociación del convenio y pone en duda su beneficio real para Chile.

El anuncio de Codelco de explotar el segundo salar más rico en litio del mundo con la angloaustraliana Rio Tinto genera sospechas entre economistas, expertos en minería y comunidades indígenas. Se acusa entregar la mitad de la explotación de un generoso yacimiento, la inconstitucionalidad del acuerdo y la ausencia de una consulta indígena que reconozca a las comunidades collas.

En un encuentro convocado por Fundación Terram y Fundación Tantí, organizaciones territoriales, expertos y académicos cuestionaron la legitimidad de la Estrategia Nacional del Litio y advirtieron sobre sus impactos socioambientales, exigiendo mayor participación vinculante y decisiones basadas en conocimiento independiente.

Codelco refuerza política de entrega de yacimientos de cobre con el acuerdo que permite a la minera angloaustraliano BHP Billiton explorar el prospecto Anillo, en la Región de Antofagasta. En tanto, la inglesa Rio Tinto ya tiene avanzados estudios y está a la espera de permisos para los proyectos Dionisio y San Antonio, en la Región de Atacama, con un 57,74% de la propiedad.