En un demoledor informe, OLCA revela impactos ecológicos de la nueva estrategia nacional del Gobierno para el desarrollo de la industria del litio.

Para evadir el impuesto específico a la minería SQM ha desplegado en los últimos años una compleja fórmula que obliga al SII a ir a tribunales. Para 2022 eran 745, 3 millones de dólares de deuda, sin considerar intereses y multas. La elusión impositiva ha sido una política de SQM, detectada incluso en el gobierno de Piñera, cuando subdeclaró $2.600 millones en impuestos. Luego, en el segundo gobierno de Bachelet, pillaron que pagó 8.9 millones de dólares menos por el arriendo de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama.

El Tribunal Ambiental de Antofagasta validó el proyecto minero Comahue, ignorando reclamos por su impacto en la Reserva La Chimba y la salud de vecinos. Organizaciones criticaron vicios en la evaluación, pero el tribunal respaldó a la empresa, asegurando cumplimiento normativo. La decisión profundiza el conflicto entre minería y comunidades, más aún luego de la aprobación de Dominga.

Ante la demanda de renacionalizar el cobre, o bien dotar de mayores poderes al sector de esa industria que aún está en manos del Estado, Eduardo Artés planteó la necesidad de que la producción de cobre esté en su totalidad orientada por el Estado de Chile.

Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios se solidarizaron con los activistas ambientales de Penco contra los que Aclara presentó un recurso de protección y señalaron que "los intentos de amedrentamiento no son aislados ni casuales", ya que buscan "allanar el camino para proyectos impuestos a espaldas de las comunidades".

Ni Máximo Pacheco ni Eduardo Bitrán, ambos directores de Codelco, quisieron entregar las recomendaciones y costos de la asesoría del banco de inversiones Morgan Stanley a los diputados de la Comisión Investigadora sobre el acuerdo entre la cuprífera estatal y la empresa de Julio Ponce Lerou. La situación genera un impase entre el poder del Legislativo y la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, gestionada como empresa privada por fuera del escrutinio público.

La noción de ‘complementariedad público-privada’ ha sido el eslogan usado por Máximo Pacheco para promover la integración de las minas de Codelco Andina con Los Bronces de Anglo American. Dicho modelo aplicado al interior de Codelco ha aumentado los costos y llegado a paralizar la producción. En el acuerdo con la minera anglo-sudafricana se entregarán ricos yacimientos en cobre de alta ley a cambio del oro de los tontos.

En una entrevista con el podcast del Sindicato Chuquicamata, el precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami afirmó que Codelco es el pilar fundamental para reindustrializar Chile. Además, criticó el modelo actual de explotación del cobre, calificando el Royalty como “tímido” y advirtiendo sobre la privatización progresiva de la industria.

El presidente del directorio de Codelco promovió el acuerdo con SQM, basándose en un precio del litio a 20 mil dólares la tonelada, cifra que es irreal con el actual precio del mineral. Según Morgan Stanley, el valor del litio se mantendrá por debajo de los US$15.000 por tonelada hasta el final de la década, causado por un exceso de producción que mantiene un superávit en los mercados. El acuerdo, en tanto, permite aumentar las cuotas de extracción de 165 mil a 300 mil toneladas anuales, lo que aumentará el stock de litio disponible.

A través de un comunicado, el sindicato Chuquicamata celebró la victoria judicial contra Codelco, por prácticas antisindicales y vulneración de derechos en contra de su tesorero Miguel Véliz Fernández.