Horas después de que Dinamarca pidiera a Washington “poner fin a las amenazas”, Donald Trump volvió a justificar su interés en Groenlandia por “seguridad nacional”. La pulseada reabre el fantasma de la expansión estadounidense en plena tensión internacional.

La pregunta clave no es si un gobierno específico merece apoyo o rechazo. La pregunta es qué tipo de orden mundial emerge cuando una potencia actúa como si pudiera intervenir, capturar un liderazgo político y administrar “transiciones” fuera de su territorio y, sobre todo, si eso se normaliza.

Gustavo Petro rechazó acusaciones, defendió la independencia judicial colombiana y cuestionó declaraciones de Donald Trump. Reivindicó su trayectoria en el M-19, su lucha por la paz y la democracia, condenó el genocidio en Gaza y exigió respeto para América Latina como región soberana.

Trump revive su interés por anexar Groenlandia, citando seguridad nacional y desatando una crisis con Dinamarca, más aún, luego del ataque ilegal a Venezuela. El territorio, rico en minerales críticos y estratégico por el deshielo ártico, es hogar del pueblo inuit, cuya autodeterminación es clave en este conflicto geopolítico de tono neocolonial.

La senadora del Congreso de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders, acusan a Trump de orquestar una intervención ilegal en Venezuela por petróleo y cambio de régimen, distrayendo los problemas internos que enfrenta el mandatario, incluyendo el caso Epstein. Exigen que el Congreso frene la operación, advirtiendo que viola la Constitución, el derecho internacional y pone en riesgo la seguridad global.

El Secretario General advierte que la acción castrense podría tener implicaciones preocupantes para la región y el máximo responsable de velar por los derechos humanos recuerda que es primordial proteger a la población venezolana.

Hoy priman los intereses energéticos, del complejo militar industrial e incluso la defensa a ultranza del sionismo israelí y sus influencias planetarias, que marca el tipo de política a seguir en materia de decisiones belicistas, por ejemplo. Todos ellos intereses que, más que favorecer la industria europea, genera miles de millones de dólares de ganancias a las empresas de armas de Estados Unidos y sus transnacionales energéticas.

Colombia, presidiendo la CELAC, convoca a cancilleres para una posición común tras ataque de EE.UU. a Venezuela. También impulsa reuniones urgentes en el Consejo de Seguridad de la ONU y al Consejo Permanente de la OEA.

Un funcionario venezolano anónimo reporta al menos 40 muertos, civiles y militares, tras el ataque estadounidense. The New York Times documenta la muerte de una anciana y la destrucción de viviendas en Catia La Mar. Versiones oficiales entre Venezuela y EE.UU. sobre bajas son contradictorias. La operación dejó devastación y trauma civil.

Congresistas d denuncian la operación militar de Trump en Venezuela como "ilegal" por violar la Constitución al no obtener autorización legislativa. Acusan a sus secretarios de Estado y Defensa de mentir al Congreso y advierten sobre una peligrosa crisis constitucional y geopolítica. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras una llamada con Trump, declaró oponerse «a la búsqueda de un cambio de régimen, a la violación del derecho federal e internacional».