Es fundamental que autoridades, empresas y organizaciones sociales e incluso personas con discapacidad, trabajemos unidos(as) para garantizar que su inclusión sociolaboral sea una realidad y no solo un objetivo legislativo; haciéndonos cargo, además, de abordar de forma urgente otros temas relacionados, como la grave brecha en educación, la equidad de género y la descentralización de las contrataciones.