Desde la ANDEDH y AFFINDH condenaron la ley Naín Retamal y la medida de Fiscalía de solicitar prisión preventiva para todas las personas migrantes no regularizadas, llamando al Consejo del INDH a pronunciarse.

Paradójicas medidas se han tomado desde la dirección del INDH al desvincular a trabajadores del Programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, que atiende a víctimas de violación de DDHH durante la Revuelta Popular. La medida, informada con poco más de una semana de anticipación, contrasta con la inyección de más de 1.800 millones al programa y concursos públicos anunciados para contratar a nuevos funcionarios. Revictimización, interrupción de procesos y despidos injustificados son las aristas de esta decisión.

"En la práctica, esto se traduce en que el INDH no podrá continuar acompañando psicosocialmente a las víctimas del estallido social mientras duren los procesos judiciales, periodo que en ningún caso es menor a 2 años. Este fue justamente uno de los compromisos que Sergio Micco tomó con las organizaciones que actualmente impulsan la toma del INDH”, recalcó Andrea Álvarez, vocera de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Instituto Nacional de Derechos Humanos (Affindh).

El director del organismo acusó un "sesgo" al interior de Instituto.