Chile necesita fortalecer la atención especializada en salud mental infantojuvenil. Pero aumentar las prestaciones clínicas sin fortalecer simultáneamente la prevención significaría continuar esperando que los niños enfermen para recién entonces intervenir.
Una política de austeridad en temas tan sensibles como la educación, vivienda o en este caso la salud, siempre hará notar con fuerza sus efectos negativos en el servicio público.
El mismo gobierno que obliga a sus autoridades a demostrar que no consumen propone eliminar la única red pública que trata a quienes dependen. Esa contradicción no es un error de coordinación. Es una declaración de principios.
Chile destina el 2% de su presupuesto de Salud a salud mental. Ese porcentaje no ha cambiado en décadas. Reino Unido destina el 10%; Australia el 9,6%; Nueva Zelanda y Suecia el 11%. El promedio mundial es del 2,8% y Chile está por debajo del promedio mundial.
Gabriela Flores, president of Confusam, warned that if the funding increase does not materialize, "there will be layoffs, restrictions on medical hours and professionals, and a shortage of basic supplies."
La presidenta de Confusam, Gabriela Flores, advirtió que si no se concreta el aumento de recursos “se vienen despidos de personal, restricción de horas médicas y de profesionales, y carencia de insumos básicos”.
Chile necesita que el próximo gobierno entienda que la sonrisa es política pública, no cosmética. Que vea en la odontología no un gasto, sino una inversión en capital humano y movilidad social. La deuda con las listas de espera no se resuelve con discursos. Se resuelve con decisiones valientes que entiendan lo evidente: sin sonrisa, no hay futuro.
Por cada titulada sin empleo, hay una escuela que podría mejorar. Por cada técnico subutilizado, hay un sistema público que podría avanzar. Por cada investigador frustrado, hay una innovación que no nació.
Los fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema sobre las Isapres han estado en el vórtice de la agenda política y económica reciente. El centro político y la derecha buscan rescatar a las aseguradoras de su debacle. El Gobierno ha sostenido una línea de respetar las sentencias, pero ha mostrado atisbos de poder negociar una salida.
37.837 pacientes esperaron más de 12 horas para ser ingresados a urgencias en noviembre del año pasado, frente a los 10.646 registrados en noviembre de 2021
