In a landmark ruling, a Santiago court has ordered the government to pay $60 million to a protester who suffered permanent neurological damage after being struck in the head by a tear gas canister during the 2019 social unrest.

La Corte de Apelaciones determinó que el Estado deberá indemnizar con una millonaria suma a un manifestante que recibió el impacto directo de un proyectil lacrimógeno en el cráneo durante las protestas sociales de 2019, dejándole secuelas neurológicas permanentes, tras determinar que los disparos perpetrados por Carabineros fueron "indiscriminados y desproporcionados"

Das Berufungsgericht von Santiago verurteilt den Staat zu 60 Millionen Pesos Entschädigung für einen Demonstranten, der durch den Schuss einer Tränengasgranate am Kopf während der Proteste 2019 bleibende neurologische Schäden erlitt.

Joven obrero recibió el impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros en el sector de Plaza Dignidad, el 6 de marzo de 2020, falleciendo un día después en la ex Posta Central. Según su certificado de defunción, murió por una "laceración de arteria comunicante anterior derecha y traumatismo cérvico cráneo encefálico por impacto con objeto".

Víctima resultó con una fractura craneal, quedando con secuelas que permanecen hasta el día de hoy. Tribunal estableció que al momento de los hechos, no había ningún desorden o situación que ameritara la intervención policial y el uso de disuasivos químicos.

A raíz de la agresión policial, la víctima resultó con una fractura craneal, quedando con secuelas que permanecen hasta el día de hoy. Lectura de sentencia quedó fijada para el próximo día domingo 12 de septiembre a las 20:30 horas.

El abogado querellante Francisco Ugás Tapia, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, valoró la decisión del tribunal ya que por un lado “expresa que la judicatura sí puede tener un control jurisdiccional relevante ante el ejercicio incorrecto o inapropiado de la decisión de no perseverar en el procedimiento que ejerce el Ministerio Público, puesto que si una investigación está incompleta, la justicia sí puede asegurar, en este caso concreto, una investigación justa, racional y adecuada”, sostuvo.

“Entendemos que él esta cumpliendo un arresto domiciliario, y los años de pena que le den, se le van a descontar todos estos años que ha estado en su casa tranquilamente, recibiendo su sueldo de carabinero porque él fue sólo apartado de la institución, él sigue siendo carabinero, entonces sigue como en vacaciones con una abogada muy buena que lamentablemente le pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos", afirmó Fabiola Campillai.

Transcurrido más de un año del estallido social del 18 de octubre, y pese al infame silencio de los grandes medios, El Ciudadano se abre paso ante la censura y brinda un homenaje a la memoria de sus víctimas, cuyas vidas fueron injustamente apagadas.

El fotógrafo debió ser trasladado al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, ex Posta Central.