La conducta intimidatoria de Estados Unidos en lo que considera su patio trasero es un intento de reafirmar la primacía imperial sobre una China en ascenso, pero enfrenta una gran resistencia.

Putin y Lula refuerzan la asociación BRICS tras una llamada de 40 minutos: agradecimientos por la cumbre de Río, hoja de ruta bilateral y coordinación con Sudáfrica, China e India antes de nuevas citas multilaterales.

“Utilizar los aranceles como arma contra otros países carece de respaldo y no es sostenible”, planteó el canciller del gigante asiático, Wang Yi.

A ningún país ni coyuntura crítica se le ha aceptado tanta violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario en la historia contemporánea.

Chile fue el primer país en introducir el servicio militar obligatorio en América Latina, en 1900. Y no fue extraño que su Ejército fuese usado “eficazmente” por los sucesivos gobiernos en las grandes matanzas de Valparaíso (1903), Antofagasta (1906) e Iquique (1907).

Lula acusó al inquilino de la Casa Blanca de buscar "desmantelar el multilateralismo, donde los acuerdos se logran colectivamente dentro de instituciones, y reemplazarlo por el unilateralismo, donde negocia directamente con otros países".

Finalmente, la política conducida por el enviado especial Richard Grenell se ha impuesto a la posición extremista de Marco Rubio. El interlocutor del gobierno de Venezuela ha estado en comunicación permanente con él. La posición de Grenell es que Venezuela no ha tenido una posición agresiva contra Estados Unidos y que finalmente –en el marco de una visión de absoluto pragmatismo- ha asegurado que Venezuela jamás se ha negado a vender petróleo a Estados Unidos, lo cual es totalmente cierto.

El responsable del FPMR sería conocido en esos años como Comandante José Miguel. En lo interno, se lo conoció como Rodrigo o Benjamín. Su nombre real, Raúl Alejandro Pellegrin Friedman.

Hernández Norambuena y Llaitul se niegan a ser tratados como delincuentes comunes porque su acción se enraíza en una historia colectiva de resistencia. Porque sus actos están motivados por una ética revolucionaria, no por la búsqueda de beneficio personal. Porque su prisión es política, y su palabra —cuando el Estado permite que se escuche— tiene más potencia que mil discursos parlamentarios.

Pese a su insuficiencia estructural, la Ley Antidiscriminación arriesga seguir operando como un símbolo vacío, ya que, aun existiendo una reforma capaz de corregir sus falencias en el Congreso, esta se encuentra ad portas de ser archivada.