“Se ha dicho que por recibir un Bono de Recuperación -sea el de $750 mil o el de $1,5 millones- por ejemplo, no se les van a entregar otros beneficios como el Bono Bolsillo Familiar Electrónico, eso no es cierto", explicó la titular de la Segegob, Camila Vallejo.

Mientras las Tragedias confrontaban al espectador a la fatalidad de su destino y al poder absoluto de sus héroes y dioses, la Comedia liberaba, por medio de la risa, todas las rabias y frustraciones que el bajo pueblo va acumulando en su existencia.

“La gente no necesita ropa rota, necesita dignidad, y la ayuda también tiene que ir aparejada de esa dignidad para además de darle dignidad a las personas", afirmó la ministra vocera de Gobierno.

A través de redes sociales se está difundiendo unas fotografías de Vallejo en la playa, alegando que se encuentra disfrutando de sus vacaciones, cuando dichas imágenes datan de 2023.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno no es la encargada de firmar el decreto de las pensiones de gracia, ya que está responsabilidad está a cargo de los ministros de Hacienda y de Interior.

"Lo que más lamento de sus dichos, es el tono, porque no es la manera de tratar las legítimas diferencias políticas", planteó la ministra Vocera de Gobierno.

"Lo central para nosotros era que se aprobara la idea de legislar", dijo la vocera de La Moneda, pues -argumentó- les permite continuar con el diálogo y alcanzar acuerdos en el Senado.

"Cada año que pasa muchos mueren esperando una pensión digna. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo, problemas en torno a sus cuidados físicos, de su salud mental y ven cómo en el Congreso Nacional todavía algunos se dan el lujo de decir que esperamos a un próximo gobierno", afirmó la titular de la Segegob.

En el foro "El desafío de las comunicaciones frente a las transformaciones sociales", la ministra Vallejo participó junto al director de El Siglo, Hugo Guzmán; Patricio López de Radio Universidad de Chile, Pía Figueroa de Pressenza y Marcos Barraza comunicaciones del Partido Comunista

La norma tiene tres ejes principales: el desarrollo de un ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y la creación de facultades intrusivas y sancionatorias.