En una entrevista publicada ayer domingo en el Diario El Centro de Talca, el fiscal Carlos Gajardo, uno de los persecutores en el llamado Caso Penta, se refirió a las presiones que ha debido enfrentar a raíz de la connotación pública que éste tiene

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó hoy –lunes 28 de septiembre– el recurso de amparo presentado por la defensa de Isabel Marinovic Merino, en contra de la resolución dictada el 21 de agosto pasado, por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que citó a Marinovic Merino a audiencia de formalización de la investigación […]

En los últimos meses, el exministro del Interior de Bachelet ha recibido asesoramiento legal y comunicacional del abogado Gabriel Zaliasnik, vinculado a la UDI, y del creador de la empresa de lobby "Imaginacción", Enrique Correa.

En junio, el fiscal Alberto Ayala reconoció a la Fiscalía Nacional sus “lazos de amistad con ejecutivos y abogados” de SQM, los que señaló haber “forjado durante el tiempo que prestó servicios a dicha empresa”.

El ministro Jorge Burgos habló sobre la acusación de presiones realizada por Michel Jorratt -ex director del SII- hacia Peñailillo en su declaración ante la Fiscalía sobre el Caso SQM.

El magistrado Juan Carlos Valdés acogió en todas sus partes la solicitud de medidas cautelares realizada por el Ministerio Público, tildándolas de “adecuadas, proporcionales y necesarias”.

La Fiscalía también pidió medidas cautelares para el ex senador de la UDI, Jovino Novoa.

El proyecto de ley destinado a fortalecer la democracia impulsado por la presidenta Bachelet resultó tener letra chica. La Comisión de Constitución despachó el proyecto con una indicación extra que permite la financiación de empresas a partidos políticos con un máximo permitido de 500 UF al año.

El Fiscal Chahuán anunció la solicitud de ampliación del plazo de las investigaciones en el caso Penta-SQM, así como la posibilidad de incorporar una nueva persona al equipo de fiscales.

La firma del ex senador de la UDI facturó durante el periodo electoral una suma total de 157 millones de pesos a siete empresas: compañía de inversiones Río Bueno, Fundación Jaime Guzmán, estudio jurídico Guerrero, Olivos y Errázuriz; Guerrero y Olivos Ltda., empresas Penta S.A; Empresas Penta III Ltda.; e Inversiones Penta II; según información publicada por La Tercera.